La retirada de
la tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin papeles es un nuevo atentado contra
los derechos fundamentales.
La nueva medida del gobierno de
restringir el acceso a la tarjeta sanitaria a los extranjeros que carezcan de
permiso de residencia es una bomba de humo que pretende desviar la atención
sobre los recortes en derechos que sufrimos el conjunto de la población. Además
señala como chivo expiatorio una vez más a los inmigrantes a los que se les
culpa de los abusos que han provocado el déficit sanitario. Esta medida rebasa
el límite de lo permisible en una sociedad inclusiva, pues deja sin cobertura
sanitaria a uno de los colectivos más desfavorecidos en nuestro país, los
inmigrantes en situación irregular. Pero además la medida parte de una mentira
en su argumentación, es ineficaz respecto a sus objetivos e injusta en términos
sociales.
La medida se basa en una
mentira de la Ministra de Sanidad quien ha relacionado el turismo sanitario con
la inmigración irregular cuando cualquier persona sabe, y ella también que no
son los inmigrantes extracomunitarios quienes lo practican porque la lejanía de
sus países y las barreras que la ley de extranjería pone para la entrada en
España son obstáculos más que suficientes para impedírselo. Hay que tener en
cuenta además que la edad media de los inmigrantes extracomunitarios en España
se sigue situando entre los 18 y los 54 años, edades en las que el uso de los
servicios de salud es prácticamente insignificante.
Por otra parte restringir el
acceso a la tarjeta sanitaria y a los servicios sanitarios normalizados a esta
población no hará otra cosa sino aumentar el gasto sanitario. Estas personas sí
podrán seguir acudiendo a los servicios de urgencia y el efecto claro puede ser
una mayor saturación de estos servicios cuyo coste es mayor que el de la
cobertura en atención primaria. Además desde el punto de vista de la prevención
sanitaria no parece sensato impedir la asistencia primaria a un sector de la
población que por su vulnerabilidad social puede padecer peores condiciones de
vida y salubridad, lo que podría generar en el futuro graves problemas de salud
pública.
Por último es una medida
injusta en términos sociales. En la actualidad puede haber en España un total de
408.142 extranjeros no regularizados, pero de esa cifra 306.477 serían
ciudadanos de la UE que no se han inscrito en el Registro, a los que habría que
añadir otros 13.481 de ciudadanos de países miembros de la Asociación Europea de
Libre Comercio. Esto es, solo habría según estas cifras 88.184 ciudadanos
potencialmente incursos en la infracción del artículo 53.1.a) de la LOEX, lo que
no equivale a decir personas que nunca han contribuido al sostenimiento de
nuestro sistema sanitario, puesto que buena parte de ellos han sufrido la
llamada irregularidad sobrevenida. Muy lejos de las cifras que están manejando
nuestras autoridades publicas
Esta medida nos retrotrae al
siglo pasado, a la Ley de Extranjería de 1985, cuando los inmigrantes en
situación administrativa irregular carecían de cualquier derecho. Han sido
muchos años de pelea para conseguir algo tan básico como poder ir al médico
cuando estás enfermo para que ahora se esfume este derecho.
Convivir sin racismo no puede
permanecer callado ante esta injusticia. Pedimos al Gobierno que retire la
modificación legal, pedimos a las autoridades sanitarias de nuestra región que
no la pongan en práctica y pedimos a la población murciana que se niegue a que
su vecino no pueda ir al médico.
En definitiva exigimos que
acabe este racismo institucional, la discriminación, marginación, segregación y
estigmatización de una parte de la población por intereses políticos
partidarios.
No lo
olvidemos: es una cuestión de Derechos Humanos.
