Fernando,
una persona de origen boliviano, fue agredido hace unos días en Abanilla por
dos jóvenes a quienes movía, parece ser, una actitud racista y de rechazo al
extranjero. Ante un hecho así nos preguntamos qué estará pasando en nuestra
sociedad. Nos interrogamos acerca de si será ese realmente el motivo de la
agresión, de si estamos ante un hecho aislado o ante una situación que se
repite con mayor o menor asiduidad, de si las personas que cometen estas
agresiones actúan solas o hay alguna asociación o grupo detrás.
En primer
lugar, podemos afirmar que, afortunadamente, nos encontramos ante un hecho
excepcional. La violencia que responde a una motivación racista o xenófoba no
es habitual en nuestra región. A lo largo de estas más de dos décadas de
convivencia no hemos tenido que enfrentarnos a muchos de estos episodios. Lo
que no quiere decir que debamos olvidar los casos que se han producido y que
nos provocan un profundo rechazo.
Lamentablemente,
que no haya episodios de violencia física no quiere decir que no haya un
racismo subyacente, que no haya actitudes de discriminación hacia las personas
de origen extranjero. Los datos aportados por el Observatorio del Racismo y la
Xenofobia nos indican que el rechazo al extranjero ha aumentado, siendo Murcia
una de las zonas en las que se da esta postura discriminatoria y contraria a la
inmigración.
Debemos
analizar si los cambios socioeconómicos a los que asistimos y, en concreto, la
crisis y el alto índice de paro, no pueden ocasionar episodios violentos que
descarguen sobre la población inmigrante la frustración producida por las duras
condiciones laborales, económicas, de vida, de una parte cada vez más numerosa
de nuestros conciudadanos.
Esta
situación de crisis económica que vivimos puede estar aumentando determinados
comportamientos racistas y xenófobos que, sin llegar a la violencia, sí
provocan situaciones de sufrimiento. En muchas ocasiones se culpa de las
situaciones desfavorables a quienes más fácilmente se percibe como culpables,
sin darnos cuenta de que, sin duda, son también víctimas de esa situación. Así,
ante el aumento del paro, no es extraño escuchar que la culpa es de los
inmigrantes porque ocupan los puestos de trabajo y, a menudo, por un salario
inferior. O ante el palpable deterioro de la educación pública, la sanidad o
los servicios sociales, las ayudas a personas en situaciones desfavorecidas,
fruto de las políticas de recorte de lo público que sufrimos en esta Región, se
busque al culpable en el inmigrante y no en el gobierno y las administraciones,
responsables de dichos recortes.
El
desarrollo de una buena convivencia es un trabajo que debe hacerse en las dos
direcciones: del inmigrante a la sociedad de acogida y de la sociedad de
acogida al inmigrante. Nadie debe obviar sus obligaciones y cada parte, en
función de su situación y responsabilidad civil y social, debe poner su grano
de arena para defender la convivencia. Pero la sociedad es algo más que el
conjunto de personas que la forman; son también las instituciones, las
administraciones y las políticas que desarrollan. En este sentido, nuestra
preocupación también se centra en las políticas que las administraciones llevan
a cabo. Para las administraciones, la inmigración aparece como un problema
construido desde un discurso político cada vez más xenófobo que vincula
inmigración con delincuencia, con problemas para la seguridad y con la reserva
de los necesarios recursos para los nacionales, limitando la igualdad de
derechos. También algunas fuerzas políticas lanzan un discurso xenófobo que va
calando en muchas de las personas que lo escuchan con un espíritu acrítico,
haciéndose eco de todos los males pregonados acerca de la inmigración y de los
inmigrantes. Ante una situación como la actual, parece que sólo vale el recorte
de derechos hacia estos ciudadanos que 'tan bien nos vinieron' en épocas de
bonanza.
A las
organizaciones que trabajamos en asuntos relacionados con la interculturalidad,
con una sociedad como la nuestra en la que convivimos personas de distintos
orígenes y culturas, nos parece imprescindible establecer nuevos modelos de
educación social en los que se considere a las personas como tales, con
independencia de ese origen o de su situación en nuestra comunidad. Nos parece
necesario que se pongan los mecanismos que permitan que la convivencia sea un
hecho, que se abandonen esos discursos que tienen como base el rechazo al
diferente y, más aún, que se invierta realmente en cohesión social. Para eso se
necesita voluntad y se necesita inversión económica. Asistimos al
estrangulamiento económico de las políticas de integración, cuya
responsabilidad es de las administraciones públicas, que han recortado casi
totalmente los fondos destinados a estos aspectos.
Es preciso
construir entre todos un nuevo discurso de denuncia de la desigualdad y el
racismo, combatir las actitudes racistas, un discurso de derechos y deberes y
desde la dignidad del espacio público, y hacer un serio trabajo de educación
social para que todos los 'Fernandos' puedan salir a la calle con la seguridad
de que no van a ser agredidos.
Medinaceli Parrilla, miembro de Convivir sin Racismo de Murcia (La Verdad, 13-11-11)
