No hay protección sin regularización.

Desde diversas plataformas y colectivos migrantes de la Región de Murcia, apoyadas por organizaciones sociales y solidarias, no admitiremos más anuncios gubernamentales que solo valoren nuestras vidas como mano de obra explotable frente a un sistema que se aprovecha de nuestra situación de vulnerabilidad. Es por ello que exigimos una regularización inmediata y sin condiciones para todas las personas migrantes que viven en el estado español, así como que se nos reconozca como posibles beneficiarios del ingreso mínimo vital que está planteando el gobierno. En caso contrario, nos seguiremos viendo condenadas a mantener una economía de supervivencia que nos obliga a aceptar trabajos en condiciones de semiesclavitud y con tasas altísimas de precariedad y explotación, como viene sucediéndonos hasta ahora. A ello se suma el miedo a las redadas y controles de identidad racistas que restringen aún más nuestra libertad de movimiento, así como la incertidumbre de aquellas que, aun contando con residencia en España, temen que su futuro laboral afecte a su situación administrativa, al estar condicionada a un período mínimo de alta como cotizante a la seguridad social.

Por todo ello EXIGIMOS regularización y protección social para las trabajadoras/es del campo, para las empleadas/os del hogar y las vendedoras/es ambulantes, pero sin olvidar a todas y cada una de las personas indocumentadas, sin necesidad de requisito administrativo, ni traba burocrática alguna. Para asegurar y proteger nuestros derechos, no de forma puntual, sino continuada, es necesaria la derogación de la ley de extranjería y el cambio del paradigma de las políticas migratorias.

Frente a la cuestión de quiénes van a poder tener acceso al ingreso mínimo vital, desde el gobierno del estado español, se ha expuesto que debido a dificultades legales no podrá ser accesible para las personas migrantes en situación irregular (salvo casos extraordinarios). Por tanto, la solución pasa por la regularización inmediata de todas las personas que se encuentren en situación irregular, sin discriminación alguna, asegurando así que puedan acceder a las ayudas sociales que pretenden proteger a la ciudadanía frente a la actual crisis.

Si no se nos reconoce y regula como ciudadanas/os con plenos derechos, así como si no se nos garantiza siquiera el acceso a las medidas de protección social, se nos estaría relegando nuevamente al olvido. No vamos a desaparecer por mucho que nos esquiven. Seguimos buscando modos de vida en los que no suframos la represión y en los que no nos sintamos social, económica y políticamente desprotegidas. Es hora de que se nos valore como personas y no solo como mano de obra. Durante esta pandemia se ha evidenciado nuestra contribución al desarrollo del país, hemos trabajado en los sectores más esenciales incluso poniendo en riesgo nuestras vidas.

Por todo ello las organizaciones firmantes: Asociación de Mujeres Kasofor, Asociación de Ghaneses de Lorca, Asociación de Empleadas del Hogar de Murcia, Asociación Ivoirien de Murcia, ATIM Región de Murcia (Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes), FAAM (Federación de Asociaciones Africanas de Murcia), Onda de Murcia, Yospora y Convivir sin Racismo, exigimos:

1.   La regularización extraordinaria, amplia y urgente, de carácter permanente para todas las personas en situación administrativa irregular en el Estado español.

2.   Que se garantice el acceso de todas las personas, con independencia de su situación administrativa en el país, a la renta mínima vital anunciada por el Gobierno, sin requisitos ni trabas burocráticas.

3.   Que el procedimiento que se implemente ponga en el centro a las personas migrantes como sujetos de derechos, que garanticen su acceso y promoción y que sean reconocidas como interlocutores válidos a la hora de negociar la aplicación de las medidas que se tomen.

4.   Dictaminar un protocolo claro de retorno a España para todos aquellos ciudadanos extranjeros residentes que quedaron atrapados fuera de España al decretarse el estado de alarma o que salieron del país siguiendo las recomendaciones de los servicios consulares de su país de origen.

5.   El cierre definitivo de los Centros de Internamiento de Extranjeros en todo el Estado y el archivo de los expedientes de devolución y expulsión.

6.   Traslado urgente a las personas que se encuentran en los Centros de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla para garantizar su salud, así como sus derechos.

7.   Fin de las deportaciones y traslado seguro de manera rápida a la península a las personas que se encuentran en los CETI de Ceuta y Melilla, garantizando un recurso de acogida efectivo y digno.

8.   Para la infancia/juventud migrante sin referentes adultos, apoyo económico y socio-educativo en la transición hacia la autonomía en la vida adulta. Adjudicación retroactiva de la residencia con trabajo desde la fecha inicial de la declaración de desamparo en caso de no haberse regularizado al cumplir los 18 años.

9.   Fin de la práctica de detención basada en la identificación por perfil étnico racial, por parte de las fuerzas de seguridad en el Estado español. Y que no se proceda a la incoación de procedimientos sancionadores por la Ley de Extranjería.

10.La puesta en marcha de mecanismos por parte de la Inspección de Trabajo para el efectivo control de las condiciones laborales en el ámbito del campo y los almacenes ligados a éste.

11.La ratificación del Convenio 189 de la OIT, el derecho a la prestación por desempleo para la incorporación plena en el régimen general de la Seguridad Social, protección frente al despido por desistimiento y la inclusión en la Ley de prevención de riesgos laborales.

12.Que se adopten medidas urgentes para evitar que aquellas personas que hoy cuentan con autorizaciones de residencia y trabajo en España, caigan de nuevo en la irregularidad administrativa:

Ø  Aprobación de todas aquellas solicitudes de renovaciones de residencia que hayan caducado durante el Estado de Alarma o estén pendientes de tramitar, así como de las autorizaciones iniciales de residencia en trámite.

Ø  Resolución favorable e inmediata de todas las solicitudes y expedientes de asilo y protección internacional en trámite.

Ø  Autorización favorable para las solicitudes de residencia de familiar UE, en régimen comunitario inicial y/o permanente, en especial la no denegación del trámite por falta de acreditación de medios económicos del familiar español o comunitario.