Con motivo del Día contra la Discriminación Racial, que se conmemora este 21 de marzo, y bajo el lema "Parad el racismo y no a las personas", organizaciones como Rights International Spain, Amnistía Internacional, Red Acoge, Fundación Secretariado Gitano, IRIDIA, Defender a Quien Defiende, La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, Convivir Sin Racismo y así hasta más de 400 entidades de todo el Estado español, se han unido a la campaña para reclamar medidas urgentes y concretas para hacer efectivos los principios de igualdad y no discriminación en todas las actuaciones policiales. 

Las organizaciones denuncian que las paradas, identificaciones y redadas racistas tienen graves consecuencias para las personas, afectando a su salud física y emocional, al verse sometidas a controles injustificados que les obligan a tener que identificarse, e incluso ser cacheadas en espacios públicos. En general, hablamos de una práctica que profundiza la estigmatización social al tiempo que vulnera libertades y derechos fundamentales.

Para las personas migrantes incluidas las que están en procesos de regularización, las consecuencias pueden ser dramáticas porque pueden incluir la expulsión o la dilación en la obtención de permisos de residencia y trabajo si la policía les para y les multa o se les impone algún tipo de sanción.

Además, las recientes negociaciones en el marco de la UE en materia de retorno son alarmantes. Con el nuevo Reglamento de Retorno se ponen en riesgo los derechos más básicos. Se abre la puerta a paradas con perfil racial, redadas en hogares y espacio público, deportaciones y más vigilancia, acercando a la Unión Europea al modelo del ICE en EEUU, priorizando la coerción frente a la protección. 

Un problema documentado y señalado por organismos internacionales. 

La Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el Consejo de Europa y organismos de Naciones Unidas han denunciado estas prácticas en España pidiendo su expresa prohibición.

Diversas investigaciones han puesto cifras al racismo en las actuaciones policiales. En el Estado español, un estudio de observación directa realizado por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) en la estación de autobuses de Granada en 2016 reveló que por cada persona blanca identificada se paraba a 42 personas negras. Otros datos muestran que por cada persona de nacionalidad española se identifica a más de siete personas extranjeras.

A nivel europeo, la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), en un informe de 2024, basado en una encuesta a 6.752 inmigrantes y descendientes de inmigrantes procedentes de países del África subsahariana en 13 Estados miembros de la Unión Europea, señalaba que las personas negras tienen un mayor riesgo de ser objeto de controles policiales. Un 34% de jóvenes entre 16 y 24 años fue interpelado por fuerzas del orden en los cinco años anteriores a la investigación. En España el 34% de los hombres afrodescendientes fueron objeto de paradas e identificaciones policiales. Entre las personas a las que la policía detuvo durante el año anterior al informe, el 58 % consideró que su última detención se debió a la discriminación racial. España, con un 66%, es el segundo país con la tasa más alta.

Ante esta situación, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas ha instado al Estado español a “tomar las medidas necesarias para poner fin de manera definitiva a los controles de identidad basados en perfiles raciales y étnicos”, así como a garantizar su investigación y sanción.

Impacto en las personas afectadas

Más allá de los datos, las organizaciones denuncian el impacto directo que estas prácticas tienen en la vida de las personas afectadas. Las paradas policiales injustificadas implican controles de identidad e incluso cacheos en espacios públicos que generan afectaciones en la salud física y emocional, además de reforzar la estigmatización social y la criminalización de las personas migrantes y racializadas.

Esta realidad afecta también a adolescentes y jóvenes, quienes no solo se ven sometidos a controles desproporcionados, sino que experimentan un impacto negativo en su identidad y sentimiento de pertenencia, al verse señalados como sospechosos, tal y como señala este jóven de origen colombiano: 

“Estábamos tomando un café en una terraza, había varias mesas ocupadas pero la policía solo identificó a los que parecíamos extranjeros, cuando le pregunté me dijo que le parecía extraño que yo estuviera tomando allí un café porque hacía frío”

Negación institucional y falta de mecanismos efectivos

Uno de los principales obstáculos para abordar esta problemática es su negación por parte de las autoridades implicadas, que  suelen limitarse a señalar que se trata de casos aislados atribuibles a comportamientos individuales, sin querer reconocer la existencia de una práctica estructural. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y colectivos sociales llevan años denunciando que se trata de una práctica arraigada como método de control migratorio, que contribuye a generar desconfianza hacia las fuerzas policiales, aumenta la infradenuncia de vulneraciones de derechos y refuerza el sentimiento de indefensión entre las personas afectadas.

Las organizaciones recuerdan la necesidad de incluir en la ley una prohibición explícita de las identificaciones policiales basadas en el perfil racial o étnico, conforme al principio de igualdad y no discriminación, pidiendo que se haga en el artículo 16 de la Ley de Seguridad Ciudadana.

“Iba con mi chica que conducía su moto, nos paró la policía para pedir los papeles de la moto pero en cuanto me quité el casco vinieron hacía mí,  y  a quien le pidieron los papeles fue a mí y no a ella, ella protestó porque era ella quien conducía pero ni caso, le pedí que no protestara porque la experiencia me dice que solo podía perjudicarme, es triste pero es así. Después de 10 minutos nos dejaron ir, pregunté por qué me habían pedido documentación, dijeron solo que estaban haciendo su trabajo, pero en ningún momento la identificaron a ella, al final nos arruinaron la noche, te haces la pregunta, si yo fuese blanco, ¿me hubieran pedido los papeles?” Thimbo Samb, actor y activista senegalés. 

Formularios de parada: una herramienta de prevención

Ante esta situación, las organizaciones adheridas reclaman medidas concretas para erradicar esta práctica discriminatoria, concretamente estableciendo el uso obligatorio de formularios de parada que recojan datos desagregados, razones objetivas y resultados de las identificaciones, garantizando su publicación y transparencia en las actuaciones policiales, siguiendo las recomendaciones del Defensor del Pueblo.

Estos formularios permiten documentar objetivamente las motivaciones, el contexto y los resultados de las intervenciones policiales, facilitando la identificación de posibles prácticas discriminatorias. Además, contribuyen a mejorar la transparencia institucional, reforzar la calidad del trabajo policial y fortalecer la confianza entre la ciudadanía y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Las organizaciones subrayan que “el éxito de esta herramienta depende de que los datos recogidos permitan identificar los grupos de población afectados, las razones de las intervenciones y sus resultados, así como de garantizar la transparencia en la comunicación pública de la información”. 

Los formularios ayudan a detectar y prevenir posibles prácticas discriminatorias, especialmente hacia personas migrantes o racializadas. Para ello, deben integrarse en un sistema de registro accesible para supervisión independiente, con datos desagregados que permitan detectar patrones discriminatorios. Asimismo, consideran imprescindible que la sociedad civil participe en el diseño, desarrollo y evaluación de estos sistemas de registro.

Movilizaciones y acciones en distintas ciudades

En el marco de la campaña “Parad el racismo y no a las personas”, las organizaciones adheridas realizarán durante las próximas semanas acciones de sensibilización y movilización en diferentes ciudades, con actividades públicas destinadas a visibilizar la existencia de los controles policiales racistas y reclamar medidas efectivas para su erradicación.

En esta línea se realizarán actos en localidades como Cáceres, Granada, Málaga, Murcia, Palma de Mallorca, Toledo y Valencia y se presentarán mociones pidiendo el establecimiento de formularios de parada por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad en ayuntamientos como los de Valencia, Salamanca y Barcelona.

Las entidades recuerdan que visibilizar esta práctica es un objetivo fundamental, dado que se trata de un problema endémico que sigue siendo sistemáticamente negado en el Estado español, pese a la evidencia acumulada durante años.

Concluyen que poner fin a los controles policiales racistas es una condición imprescindible para garantizar el principio de igualdad y no discriminación, así como para avanzar hacia una sociedad más justa, inclusiva y respetuosa con los derechos humanos.

Contactos de responsables de medios:

• Laura Traveso, responsable de medios de Red Acoge - comunicacion@redacoge.org / 660 46 31 67

• Alba González, responsable de medios de Amnistía Internacional - agonzalez@es.amnesty.org / 680 127 613 / copiar siempre a medios@es.amnesty.org