“En la mayor parte de los CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros) de Málaga, a los inmigrantes retenidos no se les llama por su nombre; se les asigna un número, y se les nombra con él. Los funcionarios nos dicen que sus nombres son muy complicados y que así resulta más sencillo, pero ese trato no se le da ni a los presos en la cárcel, de hecho está prohibido por la ley”. Carlos Arce, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, relataba así ayer las condiciones de vida “infracarcelarias” que se dan en los principales CIE de España: Madrid, Barcelona, Algeciras, y el más conflictivo de todos: Málaga.

Miembros de diversas ONG integradas en la red Migreurop han visitado durante 2011 estos cuatro CIE, donde inmigrantes sin papeles – una mera falta administrativa, no un delito – permanecen privados de libertad por un plazo máximo de dos meses antes de ser expulsados de España o devueltos a la calle. Su informe sobre las condiciones materiales, sociales, sanitarias y jurídicas que sufren los extranjeros allí encerrados es un verdadero catálogo de indignidades.

En el antiguo cuartel de Capuchinos, de Málaga, los internos – actualmente un máximo de 44 – duermen de ocho en ocho en dormitorios de unos 30 metros cuadrados, con tan solo dos retretes y una ducha. El centro carece de calefacción o aire acondicionado, tanto en las habitaciones como en las zonas comunes. Las ventanas – planchas de hierro gris taladradas – solo permiten pasar el 10% de la luz solar, y la luz eléctrica en los pasillos es “nula”, denuncian las organizaciones humanitarias.
La intimidad brilla por su ausencia. El interior del llamado “módulo familiar”, de apenas 15 metros cuadrados, es perfectamente visible desde el exterior. En las visitas médicas, los internos están acompañados por agentes del Cuerpo Nacional de Policía, y si es necesaria una exploración “muy íntima”, el agente sale de la habitación, pero la puerta queda entreabierta. En los CIE internos sanos comparten habitación con otros enfermos.

El estado del edificio es semirruinoso. El pasado lunes, el Ministerio del Interior, del que dependen los CIE, precintó una parte del inmueble – dedicada a instalaciones del Cuerpo Nacional de Policía – después de que los arquitectos detectaran daños en la estructura. “Lo advertimos desde ya: si ocurre algo en el CIE, pediremos responsabilidades, y lo haremos por la vía penal”, afirmó José Luis Rodríguez, abogado de Málaga Acoge.

En Algeciras, donde el CIE se ha establecido en una antigua prisión, la privación de derechos básicos es aún mayor, denuncian las ONG. Los internos se deben comunicar con sus allegados a través de mamparas y los internos que llegan al centro son sometidos a un desnudo integral. “Es una práctica intolerable, una agresión a los derechos de la persona”, denuncian los cooperantes.