jueves, 28 de abril de 2016

En la Día internacional de la seguridad y la salud en el trabajo, Convivir sin Racismo se une al dolor de las víctimas del accidente de Lorca y denuncia las condiciones de trabajo causantes de estos accidente

La seguridad y la salud en el trabajo son un derecho de los trabajadores y una obligación por la que deben velar los empresarios y las administraciones.


Murcia, 28 de abril de 2016.
Esta semana, coincidiendo con la conmemoración del día internacional de la seguridad y la salud en el trabajo, nuestra Región ha sido de nuevo el escenario de un trágico accidente que se ha cobrado las vidas de cinco personas, trabajadores inmigrantes, que iban a una finca agrícola a trabajar.
Según manifestaba un familiar de uno de los accidentados, es posible que el conductor estuviera agotado y que esta fuera la causa del accidente. Y no es de extrañar que estuviera agotado. Los trabajadores y las trabajadoras del campo denuncian constantemente las largas jornadas que sufren y las condiciones de trabajo que tienen que soportar, a lo que se unen los desplazamientos que deben hacer para llegar a su puesto de trabajo, de unas localidades a otras, buscando en cada momento dónde esté la oferta de trabajo. Algunos se atreven a denunciar que en el campo hay quien trabaja “a destajo”; es decir, que no cobra un salario fijo, sino que este depende de la productividad, lo que les estaría obligando a hacer esfuerzos inmensos para alcanzar una paga que les permita vivir.
Convivir sin racismo manifiesta que los accidentes de trabajo son una lacra que debe extinguirse, pero que el deterioro de las condiciones de trabajo, con la excusa de la crisis, ha provocado justo el efecto contrario y estamos asistiendo a un repunte de los accidentados y los fallecidos “en el tajo” o de camino. En concreto, los accidentes en el trabajo agrícola afectan principalmente a la población inmigrante porque es la que en mayor medida desempeña este trabajo y la que soporta, en la mayoría de los casos, las peores condiciones laborales.
Si hay que señalar culpables, se debe ser claro: la culpa está en quienes obligan a realizar jornadas interminables, en quienes obligan a trabajar “a destajo”, pero también en quien debe velar por el estricto cumplimiento de la legalidad en los puestos de trabajo. Las administraciones públicas con competencias en empleo, la Inspección de Trabajo, debe hacer cumplir la legalidad vigente en jornadas, horarios, condiciones de trabajo y de transporte al trabajo. Mientras que eso no se haga, volveremos a sufrir con las víctimas de los accidentes laborales y con sus familias el dolor de la pérdida de vidas humanas.

¡Ya basta!


¿En qué condiciones laborales, económicas y sociales se produce este trágico accidente donde cinco trabajadores del campo de nacionalidad marroquí perdieron la vida y otros tres resultaron heridos?

Una ETT de Torre Pacheco, Agriverdes del Mediterráneo S.L. les había contratado para trabajar en la recolección del apio en una finca propiedad del grupo G's España, empresa líder en Europa en producción y comercialización de hortalizas y frutas frescas, con una facturación de más de 120 millones de euros anuales. Filial del grupo inglés The Shropshire Group. En el año 2002, compraron a la multinacional americana DOLE el 90,97% de Pascual Hermanos S.A. radicada en Águilas, a cuyas fincas se dirigían la cuadrilla de trabajadores migrantes que sufrieron el fatal accidente.

Según denunciaba el sindicato UGT en febrero de 2014, el grupo G's ejerce un modelo unilateral de relaciones laborales rebajando los salarios de más de 200 empleados que trabajan en la recolección de Apio. Todos los trabajadores de dicho producto, todos, habían firmado su disconformidad con la medida tomada por la empresa y habían denunciado que realizan su trabajo en la modalidad de "Trabajo a destajo incentivos", obteniendo un salario en función de las unidades/kilos que la empresa decidió recortar, sin tener en cuenta la opinión de los representantes de los trabajadores como es normativa. Además la empresa despidió al Presidente del Comité de Empresa por manifestar que la cesta de navidad entregada a los empleados con productos vegetales que la empresa no podía vender a sus clientes.

Así mismo el pasado 25 enero 2015 miles de jornaleros inmigrantes se manifestaron entre la Delegación del Gobierno y el Palacio de San Esteban, sede del Gobierno regional de Murcia, para reclamar el fin a los abusos laborales en el campo, dignidad laboral y que las ETT no intermedien en su contratación.

Desde Comisiones Obreras denunciaban que "en muchos tajos se realizan jornadas excesivas que superan habitualmente las 10 horas diarias, durante 6 ó 7 días a la semana". Además, "no se garantiza el salario del convenio de aplicación y se paga a destajo, cuando eso está prohibido por Ley". "Hay trabajadores que por una jornada completa, se les paga 20 euros, cuando en jornada de ocho horas deberían cobrar más de 50 euros, según el convenio de aplicación". Y más: "No se declaran, ni se cotizan, a la Seguridad Social, todos los días trabajados, con los perjuicios que esto supone para los trabajadores y trabajadoras y para todos nosotros".

"En definitiva", según explicaban desde CC.OO., esta situación "nos perjudica como sociedad en general", y lleva a que muchos trabajadores inmigrantes del campo "estén perdiendo su permiso de residencia y trabajo en España por no cotizar los días realmente trabajados, quedando en situación irregular", a lo que hay que unir la denuncia por "la falta de inspección y de dotación de medios por parte de la Administración para atajar estas prácticas abusivas".

En las pancartas podía leerse "No al acoso sexual en el trabajo", "No quiero trabajar todo el día y cobrar solo 15 euros", "Trabajo estable y con derechos", "Soy persona y no esclavo laboral", "Denunciamos la ausencia de la Inspección de Trabajo en el campo" o "No al destajo", que iban tras la que abría la marcha "Contra los abusos laborales. Por el cumplimiento de los convenios”

Esté es un retrato que nos transporta a las condiciones laborales de los años 50 cuando en las plazas de los pueblos, se acercaba el cacique de turno y contrataba verbalmente a los trabajadores que necesitaba sin derecho alguno. Y que por desgracia hoy se repite en distintos pueblos de la Región de Murcia, del campo de Cartagena y de Lorca, así como en la vega media y en el altiplano donde los conocidos como furgoneteros y enganchadores, pasan a diario a recoger en distintos puntos a los trabajadores que necesitan y los que protestan de las condiciones que sufren, no vuelven a trabajar. O donde las ETT imponen condiciones fuera de convenio colectivo y recortes a los salarios y duras condiciones laborales a los trabajadores para subcontratar sus servicios con grandes multinacionales de la gran industria agrícola murciana.

¿Está nueva desgracia pondrá fin a tanta explotación laboral y abusos en la contratación de las trabajadoras y trabajadores del campo murciano?, lamentablemente no. Pero estamos convencidos que la situación de precariedad estructural generada por las distintas reformas laborales tienen que ser invertidas por políticas económicas que se basen en mejorar las condiciones de trabajo de las trabajadoras y trabajadores y sus salarios para mejorar la competitividad de nuestras empresas, cumpliendo con la legalidad vigente en jornadas, horarios, condiciones de trabajo y de transporte al trabajo.

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