jueves, 17 de marzo de 2016

Acuerdo Unión Europea-Turquía: Externalizar para acabar con el derecho de asilo



Convivir sin Racismo hace suyo el manifiesto firmado por las redes europeas Migreurop y AEDH, Asociación Europea para la Defensa de los Derechos Humanos, en su firme oposición al acuerdo entre la UE y Turquia.


El 17 y 18 de marzo, en una nueva cumbre en Bruselas, la Unión Europea y Turquía adoptarán un acuerdo supuestamente para resolver lo que erróneamente se denomina «crisis migratoria». Un plan que sobre todo permite a la UE rechazar a las personas refugiadas fuera de sus fronteras y subcontratar sus obligaciones con Turquía. Los Estados miembros hacen así dejación de sus responsabilidades con desprecio del derecho de asilo. La red Migreurop, red europea y africana que reúne una cincuentena de organizaciones defensoras de los derechos de las personas migrantes, y la Asociación Europea de Defensa de los Derechos Humanos se oponen firmemente a este acuerdo y exigen a la UE el respeto del conjunto de sus obligaciones internacionales.
Las personas solicitantes de asilo que llegan a la Unión Europea son quienes sobreviven a una odisea que transforma el Mediterráneo en una fosa común y que han tenido que escapar al control ejercido por terceros Estados que juegan el papel de guardias de fronteras de la UE. Hasta el reciente éxodo de centenares de miles de personas sirias, los Estados miembros habían conseguido de ese modo canalizar la demanda de asilo, mantenida en niveles históricamente bajos, y hacer recaer la casi totalidad de la acogida de personas refugiadas en los países próximos a las zonas de conflicto[1]. Los textos europeos que regulan el asilo, en particular los sucesivos reglamentos «Dublín», sólo funcionan a condición de que lleguen pocas personas refugiadas a la UE. Ciertamente, existen disposiciones específicas en caso «de flujos masivos». Pero la directiva de «protección temporal» ha sido concebida de forma que su puesta en práctica sea particularmente compleja, y nunca ha sido activada desde su adopción en 2001. El corto período, en otoño de 2015, en el que las personas en busca de asilo han podido acceder en cantidad y de manera relativamente libre a un Estado miembro, ha sido un paréntesis abierto porque la cancillería alemana ha escogido deliberadamente no aplicar las reglas europeas en vigor.
Con el proyecto de acuerdo con Turquía, la UE trata de cerrar este paréntesis para volver a sus fundamentos en materia de alejamiento de las personas solicitantes de asilo. Echa mano de todo el arsenal jurídico a su disposición («países terceros seguros», «países de origen seguros», acuerdos de readmisión…) con desprecio de los derechos fundamentales y de un Convenio de Ginebra poco defendido por el Alto Comisariado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Mientras Turquía acoge cerca de tres millones de personas refugiadas de Siria, los dirigentes europeos la designan al mismo tiempo como culpable (puesto que las personas refugiadas no deberían llegar hasta el espacio Schengen) y como aliado privilegiado. Para ello están dispuestos a cerrar los ojos ante la deriva autoritaria de un Recep Tayyip Erdogan que ha relanzado una guerra civil contra una parte de su población, kurda en particular, y que usa todos los medios para silenciar a sus oponentes (periodistas, universitarios, magistrados…) Hoy, Turquía no es un «país seguro» ni para sus nacionales, ni para las personas refugiadas. Pero la UE está dispuesta a todos los equilibrios jurídicos necesarios para que Erdogan acepte limitar las salidas hacia Grecia, deje patrullar a la OTAN –transformada en agencia de vigilancia de las fronteras europeas- en sus aguas territoriales y acepte retomar a las personas exiliadas que pasan por Turquía y son expulsadas de Grecia. El nivel de ceguera política, de desprecio de los derechos fundamentales y de corrupción moral de los negociadores de la UE es tal que pretenden la reinstalación en la UE de las personas solicitantes de asilo que viven en la mayor precariedad en Turquía a cambio de la aceptación, por esta última, de un contingente equivalente de personas «alejadas» de los Estados miembros.
La UE debe renunciar a este acuerdo con Turquía y cesar de fortificarse contra las personas refugiadas. Los Estados miembros deben cesar en la fortificación de sus fronteras y asumir definitivamente sus obligaciones en materia de acogida de personas refugiadas y solicitantes de asilo. El próximo Consejo Europeo de los días 17 y 18 de marzo debe seguir las recomendaciones del Parlamento Europeo (resolución del 9 de octubre de 2013) y organizar la puesta en práctica de la directiva de «protección temporal». Este sería un primer gesto de ruptura con la irresponsabilidad de una política de externalización que ha supuesto el naufragio del derecho de asilo y la muerte de decenas de miles de personas en búsqueda de protección y un porvenir mejor.

[1] Desde comienzos del actual siglo, la UE, cuyo número de Estados miembros ha pasado de 15 a 27, registraba anualmente entre 200.000 y 400.000 solicitudes de asilo, para un espacio que comprende cerca de 500 millones de habitantes en 2010

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