Trece Ayuntamientos alzan la voz por la hospitalidad con los sin papeles
mayo 05, 2013
EL PAÍS 5-5-2013
Crece la presión sobre
el Ministerio de Justicia. Un movimiento contra la criminalización de la ayuda a los inmigrantes recorre los ayuntamientos de España y ya hay una comunidad autónoma,
Aragón, que ha manifestado su rechazo ante cualquier medida que suponga un
obstáculo a la solidaridad con las personas que vienen de otros países.
Consistorios como Sevilla, Málaga, Barakaldo o Vila-real solicitan al Gobierno
que cambie la redacción de un artículo del nuevo Código Penal contra el que se
han posicionado más de 30 ONG, entre las que se encuentra SOS Racismo, Médicos
del Mundo y Pueblos Unidos.
La plataforma Salvemos la Hospitalidad, que agrupa a estas ONG, denuncia que el nuevo artículo 318 bis del
anteproyecto de reforma del Código Penal iguala conductas como el tráfico de
seres humanos con prácticas humanitarias y de solidaridad. También denuncian
que la reforma criminaliza a aquellos que alquilen una habitación a una persona
sin papeles o a quienes les sirvan un menú. “Esta propuesta es una barbaridad”,
sostiene José María Tomás y Tío, juez de 62 años y presidente de la Audiencia
Provincial de Valencia. “Es una violación flagrante del artículo 1 de la
Declaración de Derechos Humanos”.
El texto del
anteproyecto, dice: “El que intencionadamente ayude a una persona que no sea
nacional de un Estado miembro de la Unión Europea a entrar en el territorio de
otro Estado miembro o a transitar a través del mismo de un modo que vulnere la
legislación de dicho Estado sobre entrada o tránsito de extranjeros, será
castigado con una pena de multa de tres a doce meses o prisión de tres meses a
un año”.
Higinio Pi, sacerdote
jesuita de 49 años que lleva tres al frente de un piso que acoge inmigrantes,
lo tiene claro: “No se puede penalizar la atención humanitaria a una persona
que sea vulnerable”. Pi es uno de los impulsores del movimiento que ha
conducido a la movilización de ayuntamientos por todo el territorio.
“No se puede
penalizar la ayuda humanitaria”, dice el cura Higinio Pi
Todo empezó el 23 de
noviembre 2012, cuando se dio a conocer el anteproyecto. El artículo
inicialmente redactado decía: “El Ministerio Fiscal podrá abstenerse de acusar
por este delito cuando el objetivo perseguido fuere únicamente prestar ayuda
humanitaria a la persona de que se trate”. Esa indefinición, que dejaba al
fiscal la posibilidad de pedir condena por ayudar, movilizó a un grupo de
personas que se dedican a acoger a personas sin papeles. El primer paso fue
poner en marcha una campaña en la plataforma change.org, donde llevan
recogidas cerca de 60.000 firmas de apoyo. El segundo fue lanzar una campaña a
nivel institucional, para invitar a Ayuntamientos y comunidades autónomas a
sumarse a la denuncia del nuevo artículo.
La ciudad que dio el
pistoletazo de salida fue Málaga, donde, a instancias de la ONG Málaga Acoge, el ayuntamiento firmó el 22 de enero la
primera moción, refrendada por el Partido Popular, el PSOE e Izquierda Unida.
El 19 de abril, el pleno de las Cortes de Aragón hacía lo propio. El último
ayuntamiento en sumarse, según la web de Salvemos la Hospitalidad, ha sido el de Totana, que lo hizo el
pasado 25 de abril.
En una reunión con el
ministro de Justicia Alberto
Ruiz-Gallardón, tres de los impulsores de esta movilización
señalaron que la redacción del anteproyecto contenía elementos preocupantes. De
hecho, la redacción del anteproyecto, que actualmente se encuentra pendiente
del dictamen del Consejo de Estado, ya ha sido modificada, según confirman
fuentes oficiales a EL PAÍS.
El párrafo que dejaba la
puerta abierta a que se pueda perseguir penalmente a quienes ayudaran por
motivos humanitarios ha sido sustituido por este nuevo texto. “Los hechos no
serán punibles cuando el objetivo perseguido por el autor fuere únicamente
prestar, de forma ocasional, ayuda humanitaria a la persona de que se trate”.
Julián Ríos, profesor de
Derecho Penal, y uno de los impulsores de la plataforma, se hace la siguiente
pregunta, a la vista de la nueva redacción del anteproyecto. “¿Y qué pasa con
quien hace del compromiso con las personas más débiles y vulnerables su opción
de vida?”. Ríos considera fundamental suprimir la frase “de forma ocasional” de
esta nueva redacción. El juez José María Tomás y Tío suscribe estas palabras:
“Esa indefinición da pie a la arbitrariedad. Y luego la gente se quejará con
determinadas sentencias de los jueces”.
Los impulsores de la
plataforma critican asimismo que la ley castigue al que intencionadamente ayude
al inmigrante sin papeles, con ánimo de lucro. El juez Tomás y Tío, alerta:
“Tendrán que ponerse en guardia los comerciantes, posaderos, hoteleros,
conductores de autobús, médicos, curas, organizaciones no gubernamentales,
incluidas algunas administraciones públicas y sus servicios sociales”, señala.
El profesor Ríos sostiene que es preciso introducir el concepto de “abuso de la
situación de vulnerabilidad”, lo que permitiría distinguir lo que haría un
taxista de la conducta de alguien que alquila habitaciones clandestinas en su
sótano para hacer negocio. “Sería el único elemento que nos permitiría evitar
que una norma que dice proteger a las personas que se encuentran en esta
situación no se vuelva contra ellas”, considera Ríos.
Llevar en coche a un
inmigrante por España no va a ser delito, señalan fuentes del Ministerio de
Justicia. Ni hospedarle o llevarle en taxi, añaden. Ninguna actuación por mera
motivación humanitaria tendrá sanción penal, afirman. Desde el ministerio se
enfatiza que la nueva redacción responde a la obligatoriedad de trasponer la
directiva comunitaria 2002/90/CE y se destaca que lo que se ha producido es una
reducción de penas. Con la anterior redacción se sancionaba cualquier acto que
favoreciera la “inmigración clandestina”, lo cual era mucho más grave. Podían caerle cuatro años a quien ofreciera un matrimonio falso de
conveniencia para obtener papeles o a quien, por
humanidad, hiciera un contrato falso a la prima de su empleada doméstica y le
adelantaba el dinero para el vuelo a España.
Mikel Araguás,
secretario general de la ONG Andalucía Acoge, resume su punto de vista: “El problema es que el anteproyecto señala al
inmigrante irregular como causante de delitos”
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