Blog de Convivir Sin Racismo (asociación murciana): mayo 2013

El pleno del Ayuntamiento de Murcia aprueba por unanimidad su rechazo a la persecución penal de la ayuda humanitaria y solidaria a las personas en situación administrativa irregular.

Las organizaciones que han promovido esta iniciativa en la ciudad de Murcia han sido Asociación Columbares, Convivir Sin Racismo, Fundación Jesús Abandonado y Murcia Acoge.

Con la aprobación hoy jueves 30 de mayo, de esta moción conjunta de todos los grupos políticos con presencia en el Ayuntamiento de Murcia, PP, PSOE, IU y UPyD, ya son cinco las entidades locales de la Región de Murcia que se han sumado a la defensa de la hospitalidad Desde que el pasado 25 de marzo se aprobara por unanimidad este acuerdo en Molina de Segura, le siguieron los municipios de Totana, Mula y Lorca que lo realizó el lunes 27 de mayo.

Por ello queremos trasladar nuestro agradecimiento a los grupos políticos de estos cinco ayuntamientos por situar a nuestras ciudades en el mapa de la hospitalidad, por mostrar su apoyo a un modelo de convivencia que pone en valor la solidaridad con todos nuestros vecinos y por demandar al Gobierno de la nación que las modificaciones previstas en el anteproyecto de reforma del Código Penal no persiga en ningún caso la asistencia humanitaria y la solidaridad a las personas en situación administrativa irregular cuando son movidas por la hospitalidad y el altruismo.

Así mismo las entidades promotoras de Salvemos la hospitalidad no queremos quedarnos ahí. En las próximas semanas queremos impulsar un acuerdo similar en la Asamblea Regional de Murcia y además volvemos a invitar a todas las organizaciones sociales, ONG, personas físicas… a que presenten la moción Salvemos la hospitalidad en el ayuntamiento de sus municipios. Todos los materiales para ello están accesibles públicamente en la web www.salvemoslahospitalidad.org También pueden ponerse en contacto con la Asociación Convivir Sin Racismo correo electrónico: convivirsinracismo@gmail.com

Murcia a 30 de mayo de 2013

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A lo largo del año 2012, la ONG Pueblos Unidos ha realizado 1.277 visitas a un total de 328 personas internadas en el CIE de Madrid. Esto supone más del 10% del total de internos del CIE de Aluche, estimado en 3060 personas a lo largo del año. Por primera vez, el informe recoge datos del CIE de Barcelona, también basados en un grupo de visitas estable, que ha acompañado a 55 personas internadas.

Condiciones de internamiento

Esta experiencia cotidiana constata el fuerte impacto humano y psicológico del internamiento, que genera profunda angustia, sufrimiento, desesperanza, desconcierto, estrés, desgarro… en las personas internas, en sus familias y en sus grupos de amigos y vecinos. La segunda parte del informe, de la A a la Z, muestra el drama humano de los CIE, a través de historias personales.

Las condiciones de privación de libertad en los CIE son muy deficientes, no solo en cuanto a infraestructuras sino, sobre todo, en cuanto a las posibilidades reales de ejercitar derechos básicos como el derecho a la información, a comunicarse con el exterior, al contacto con familiares, a formular quejas al Juzgado de control, a recibir visitas de entidades sociales, etc. Los CIE son, además, centros opacos que no brindan información pública ni permiten, en general, el acceso de terceros ajenos a la policía o a las empresas y entidades por ellos contratadas.

La dureza del internamiento se agrava en los casos en los que las personas se encuentran en una situación de particular vulnerabilidad. A lo largo del año han detectado y acompañado estas situaciones destacables:

24 personas con enfermedades físicas o mentales
127 personas que no tienen a nadie que les visite
83 personas que requieren intérprete pues no entienden el idioma
56 personas con hijos menores a su cargo (de los cuales once son menores de nacionalidad española)
4 mujeres especialmente vulnerables (embarazada, víctimas de trata, víctima de violencia de género)

Los CIE españoles no proporcionan un marco razonable para atender adecuadamente estas situaciones personales.

Control migratorio indiscriminado.

Además de las carencias en las condiciones del internamiento, hay graves deficiencias en el sistema de ingresos en los CIE. El modo en que España emplea la detención administrativa en los CIE es arbitrario. De acuerdo con el derecho internacional, el derecho europeo y el derecho español, esta medida debe ser utilizada sólo como último recurso. La expulsión forzosa y, para ello, la privación de libertad, es una medida que restringe un derecho fundamental, como es la libertad. Cuando el Estado decide restringir dicho derecho individual por una falta administrativa, está obligado a hacerlo muy cuidadosamente.

En este sentido, Naciones Unidas y la directiva europea de retorno establecen un marco de control de la estancia irregular en el que las expulsiones y el internamiento no son automáticos sino que los Estados deben analizar la situación concreta, caso por caso, de la persona extranjera. Algunos países europeos han elaborado listados de factores que la policía debe tener en cuenta a la hora de solicitar un internamiento, que incluyen aspectos relacionados con:

posibilidades reales de proceder a la expulsión forzosa;
circunstancias individuales, familiares y comunitarias;
situación jurídica en materia de extranjería, tales como la existencia de una solicitud de regularización o un recurso contra la orden de expulsión.

En los CIE españoles, sin embargo, hay numerosas personas con decretos de expulsión por estancia irregular, cuyas circunstancias particulares no han sido consideraras ni por la policía ni por los juzgados que autorizaron el internamiento. A lo largo del año 2012, incluso detectarón en el CIE de ALUCHE, 18 casos en los que la persona ni siquiera tenía una orden de expulsión previa al internamiento. Atender a las circunstancias concretas de cada caso en vez de gestionar el control migratorio de manera indiscriminada, aunque sea más complejo, es más acorde con las exigencias de nuestro estado de Derecho.

Criminalización de las personas inmigrantes

Según los datos facilitados, a lo largo del año 2012, menos de un tercio de las personas visitadas en el CIE (exactamente el 27%) tenían antecedentes penales, es decir, una condena penal.

Este dato contrasta con la cifra del 87% de “expulsiones cualificadas” que maneja el Ministerio del Interior, que intenta convertir así la gestión de los CIE en una cuestión de seguridad ciudadana. Sin embargo, estas cifras son muy ambiguas y poco creíbles. No hay cifras públicas de la población que pasa anualmente por los CIE, ni del porcentaje de personas ingresadas en los CIE que son finalmente expulsadas, ni del perfil jurídico de estas personas. Y cuando preguntan por esta cifra, aparece el hecho de que se refiere al total de personas expulsadas (aunque la mayoría no pasan por los CIE), que no incluye las personas recién llegadas a España (que por definición carecen de antecedentes penales), que incluye también antecedentes policiales (no hay justificación para asemejarlo a antecedentes penales) o procesos judiciales en trámite (violando con ello la presunción de inocencia).

Por ello reclaman mayor transparencia en este punto, con términos más precisos que el de “expulsiones cualificadas” y con mayor desglose de los datos.

El Reglamento de los CIE

Durante el año 2012, el Gobierno ha manifestado su propósito de elaborar un Reglamento de los CIE, abriendo para ello un diálogo con las entidades sociales, al que diversas organizaciones sociales de todo el Estado nos hemos sumado con voluntad constructiva. Sin embargo, el resultado ha sido de momento muy decepcionante, pues el proyecto no altera el régimen de ingreso en los CIE ni garantiza la efectividad de los derechos de las personas internas, sino que consolida el modelo actual. Por ello, se ha señalado que el cambio de denominación a Centros de Estancia Controlada de Extranjeros (CECE) es un eufemismo inaceptable.

Puedes descargarte el informe completo en el siguiente enlace:

"Atrapados tras las rejas"

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El informe "Mujeres en el CIE. Género, inmigración e internamiento", elaborado por un equipo de investigación formado por las Universidades Autónoma, Complutense y Rey Juan Carlos, de Madrid, indaga sobre las razones por las que las mujeres se encuentran en los CIE, un asunto complejo para la investigación académica ya que a los tres meses de comenzar las entrevistas con las mujeres, el de Aluche les denegó el permiso.

En esta publicación destacan que más del 90% de las mujeres inmigrantes que se encuentran en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, en Madrid, fueron internadas sin haber cometido ningún hecho delictivo aunque sí por alguna infracción administrativa como encontrarse de forma irregular en el país.
El informe subraya que la estancia en los CIE por infracciones administrativas tiene una enorme incidencia y una práctica desmesurada puesto que para la ley de extranjería estos hechos conllevan una multa y solo en casos excepcionales el internamiento y posterior expulsión del inmigrante.

Asi mismo destacan que tan solo una minoría está por delitos graves y peligrosos. En el caso específico de las mujeres, según los datos proporcionados para el estudio por la Dirección General de la Policía, un 78,41% de las mujeres en el CIE de Madrid fueron internadas para ejecutar su expulsión por estancia irregular. Además, un 14,87 % se encontraban en el centro para ejecutar sus devoluciones tras intentar entrar irregularmente al país o por haber infringido una prohibición administrativa de retorno. Y tan sólo el 6,66 % de los casos el internamiento de las mujeres en el CIE de Madrid estaría relacionado con comportamientos delictivos.
Para las autoras del informe, esta información sólo admite dos interpretaciones: o es "falso" el "discurso oficial" según el cual la mayoría de las personas en el CIE se encuentran internas por haber cometido algún delito o, en comparación con los hombres, las mujeres serían tratadas "con mucha mayor dureza" en cuanto a que la mayoría son privadas de libertad por "simples infracciones administrativas".

El informe también indica que el Ministerio del Interior "infla artificialmente" el porcentaje de "expulsiones cualificadas" -aquellas que se producen por haber cometido delitos-, al excluir de forma "injustificada" aquellas motivadas por vulnerar la prohibición de entrada en el país o por entrar de forma irregular. Según el balance de 2012 de la lucha contra la inmigración irregular, 8.809 expulsiones fueron "cualificadas" (el 87 %), mientras que 1.321 (el 13%) no lo fueron.

La impuesta interrupción del trabajo de campo que está en el origen de este libro y la falta de respuesta del actual Ministerio del Interior a las reiteradas solicitudes para continuarlo, reflejan el hermetismo y la opacidad que preside la gestión de los Centros de Internamiento, incluso respecto a proyectos académicos con apoyo institucional. “Mujeres en el CIE” es un proyecto realizado en el marco de Programa Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación.

Sobre la publicación:
Mujeres en el CIE. Género, inmigración einternamiento

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EL PAÍS 5-5-2013

Crece la presión sobre el Ministerio de Justicia. Un movimiento contra la criminalización de la ayuda a los inmigrantes recorre los ayuntamientos de España y ya hay una comunidad autónoma, Aragón, que ha manifestado su rechazo ante cualquier medida que suponga un obstáculo a la solidaridad con las personas que vienen de otros países. Consistorios como Sevilla, Málaga, Barakaldo o Vila-real solicitan al Gobierno que cambie la redacción de un artículo del nuevo Código Penal contra el que se han posicionado más de 30 ONG, entre las que se encuentra SOS Racismo, Médicos del Mundo y Pueblos Unidos.

La plataforma Salvemos la Hospitalidad, que agrupa a estas ONG, denuncia que el nuevo artículo 318 bis del anteproyecto de reforma del Código Penal iguala conductas como el tráfico de seres humanos con prácticas humanitarias y de solidaridad. También denuncian que la reforma criminaliza a aquellos que alquilen una habitación a una persona sin papeles o a quienes les sirvan un menú. “Esta propuesta es una barbaridad”, sostiene José María Tomás y Tío, juez de 62 años y presidente de la Audiencia Provincial de Valencia. “Es una violación flagrante del artículo 1 de la Declaración de Derechos Humanos”.

El texto del anteproyecto, dice: “El que intencionadamente ayude a una persona que no sea nacional de un Estado miembro de la Unión Europea a entrar en el territorio de otro Estado miembro o a transitar a través del mismo de un modo que vulnere la legislación de dicho Estado sobre entrada o tránsito de extranjeros, será castigado con una pena de multa de tres a doce meses o prisión de tres meses a un año”.

Higinio Pi, sacerdote jesuita de 49 años que lleva tres al frente de un piso que acoge inmigrantes, lo tiene claro: “No se puede penalizar la atención humanitaria a una persona que sea vulnerable”. Pi es uno de los impulsores del movimiento que ha conducido a la movilización de ayuntamientos por todo el territorio.

“No se puede penalizar la ayuda humanitaria”, dice el cura Higinio Pi

Todo empezó el 23 de noviembre 2012, cuando se dio a conocer el anteproyecto. El artículo inicialmente redactado decía: “El Ministerio Fiscal podrá abstenerse de acusar por este delito cuando el objetivo perseguido fuere únicamente prestar ayuda humanitaria a la persona de que se trate”. Esa indefinición, que dejaba al fiscal la posibilidad de pedir condena por ayudar, movilizó a un grupo de personas que se dedican a acoger a personas sin papeles. El primer paso fue poner en marcha una campaña en la plataforma change.org, donde llevan recogidas cerca de 60.000 firmas de apoyo. El segundo fue lanzar una campaña a nivel institucional, para invitar a Ayuntamientos y comunidades autónomas a sumarse a la denuncia del nuevo artículo.

La ciudad que dio el pistoletazo de salida fue Málaga, donde, a instancias de la ONG Málaga Acoge, el ayuntamiento firmó el 22 de enero la primera moción, refrendada por el Partido Popular, el PSOE e Izquierda Unida. El 19 de abril, el pleno de las Cortes de Aragón hacía lo propio. El último ayuntamiento en sumarse, según la web de Salvemos la Hospitalidad, ha sido el de Totana, que lo hizo el pasado 25 de abril.

En una reunión con el ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, tres de los impulsores de esta movilización señalaron que la redacción del anteproyecto contenía elementos preocupantes. De hecho, la redacción del anteproyecto, que actualmente se encuentra pendiente del dictamen del Consejo de Estado, ya ha sido modificada, según confirman fuentes oficiales a EL PAÍS.

El párrafo que dejaba la puerta abierta a que se pueda perseguir penalmente a quienes ayudaran por motivos humanitarios ha sido sustituido por este nuevo texto. “Los hechos no serán punibles cuando el objetivo perseguido por el autor fuere únicamente prestar, de forma ocasional, ayuda humanitaria a la persona de que se trate”.

Las ONG exigen que la solidaridad no sea condenable ni de forma ocasional ni continuada

Julián Ríos, profesor de Derecho Penal, y uno de los impulsores de la plataforma, se hace la siguiente pregunta, a la vista de la nueva redacción del anteproyecto. “¿Y qué pasa con quien hace del compromiso con las personas más débiles y vulnerables su opción de vida?”. Ríos considera fundamental suprimir la frase “de forma ocasional” de esta nueva redacción. El juez José María Tomás y Tío suscribe estas palabras: “Esa indefinición da pie a la arbitrariedad. Y luego la gente se quejará con determinadas sentencias de los jueces”.

Los impulsores de la plataforma critican asimismo que la ley castigue al que intencionadamente ayude al inmigrante sin papeles, con ánimo de lucro. El juez Tomás y Tío, alerta: “Tendrán que ponerse en guardia los comerciantes, posaderos, hoteleros, conductores de autobús, médicos, curas, organizaciones no gubernamentales, incluidas algunas administraciones públicas y sus servicios sociales”, señala. El profesor Ríos sostiene que es preciso introducir el concepto de “abuso de la situación de vulnerabilidad”, lo que permitiría distinguir lo que haría un taxista de la conducta de alguien que alquila habitaciones clandestinas en su sótano para hacer negocio. “Sería el único elemento que nos permitiría evitar que una norma que dice proteger a las personas que se encuentran en esta situación no se vuelva contra ellas”, considera Ríos.

Llevar en coche a un inmigrante por España no va a ser delito, señalan fuentes del Ministerio de Justicia. Ni hospedarle o llevarle en taxi, añaden. Ninguna actuación por mera motivación humanitaria tendrá sanción penal, afirman. Desde el ministerio se enfatiza que la nueva redacción responde a la obligatoriedad de trasponer la directiva comunitaria 2002/90/CE y se destaca que lo que se ha producido es una reducción de penas. Con la anterior redacción se sancionaba cualquier acto que favoreciera la “inmigración clandestina”, lo cual era mucho más grave. Podían caerle cuatro años a quien ofreciera un matrimonio falso de conveniencia para obtener papeles o a quien, por humanidad, hiciera un contrato falso a la prima de su empleada doméstica y le adelantaba el dinero para el vuelo a España.

Mikel Araguás, secretario general de la ONG Andalucía Acoge, resume su punto de vista: “El problema es que el anteproyecto señala al inmigrante irregular como causante de delitos”

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El pleno del Ayuntamiento de Murcia aprueba por unanimidad su rechazo a la persecución penal de la ayuda humanitaria y solidaria a las personas en situación administrativa irregular.

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