Convivir Sin Racismo pide al Juzgado de Control Jurisdiccional del CIE de Murcia y a la Oficina del Defensor del Pueblo de España que intervengan de forma urgente en este centro de internamiento.
El pasado día 7 de octubre tras la primera fuga, presentamos una queja formal ante el Juzgado de control jurisdiccional del CIE de Murcia, el pasado 3 de noviembre, interpusimos una petición a la Oficina del Defensor del Pueblo tras el segundo incidente, en ambas hemos pedido el cierre de estas instalaciones pues cada día que pase abierto supone más sufrimiento y una amenaza para la seguridad de todos los internos y de cuentas prestan su servicio en ese centro.
Desde Convivir Sin Racismo seguimos denunciado las considerables deficiencias organizativas y el incumplimiento de las medidas previstas en el Reglamento de Funcionamiento y Régimen Interior de los CIEs y criticamos que pese al carácter no penitenciario de estos centros, se siga apostando por endurecer las condiciones del internamiento, atribuyendo funciones a funcionarios policiales, ajenas a su cometido, preparación y formación profesional en lugar de apostar por resolver los problemas frecuentes en relación a la falta de transparencia y al derecho de información, tanto de los internos, como de los letrados y las ONGs que les asisten; se producen dificultades para el acceso al expediente personal del interno; a que se facilite información sobre los diferentes procedimientos administrativos y/o judiciales en que se ven inmersos; a la comunicación y visitas sin trabas e impedimentos con sus familiares, amigos y organizaciones sociales; a que sea informado en su propia lengua de los derechos y obligaciones que tienen, así como sobre las normas básicas de conducta en el CIE, a tener acceso a ropa limpia o a medios para poder garantizar un aseo adecuado, a la atención médica adecuada, a una alimentación suficiente,… etc .
Hoy reclamamos tanto a la Jueza de Control del CIE de Murcia como al Defensor del Pueblo de España, que intervengan de forma urgente en este centro de internamiento, que acaben con las duras condiciones y con el clima de tensión constante que se vive, queindaguen en las razones por las que de manera reiteradas se producen estas situaciones y prevengan de posibles actuaciones lesivas de derechos. Pues como ocurre en cualquier establecimiento público donde se custodia a personas privadas de libertad, el ejercicio de los derechos requiere de su reconocimiento, respeto y amparo primero por parte de quienes prestan servicio en el lugar en cuestión, sea un servicio policial o no y también por las instituciones públicas que deben velar por su cumplimiento para que el derecho no se detenga en la puerta de los CIEs.
