La seguridad y la salud en el trabajo son un derecho de los trabajadores y una obligación por la que deben velar los empresarios y las administraciones.
Murcia, 28 de
abril de 2016.
Esta semana, coincidiendo con la conmemoración del día
internacional de la seguridad y la salud en el trabajo, nuestra Región ha sido
de nuevo el escenario de un trágico accidente que se ha cobrado las vidas de
cinco personas, trabajadores inmigrantes, que iban a una finca agrícola a
trabajar.
Según manifestaba un familiar de uno de los
accidentados, es posible que el conductor estuviera agotado y que esta fuera la
causa del accidente. Y no es de extrañar que estuviera agotado. Los
trabajadores y las trabajadoras del campo denuncian constantemente las largas
jornadas que sufren y las condiciones de trabajo que tienen que soportar, a lo
que se unen los desplazamientos que deben hacer para llegar a su puesto de
trabajo, de unas localidades a otras, buscando en cada momento dónde esté la
oferta de trabajo. Algunos se atreven a denunciar que en el campo hay quien
trabaja “a destajo”; es decir, que no cobra un salario fijo, sino que este
depende de la productividad, lo que les estaría obligando a hacer esfuerzos
inmensos para alcanzar una paga que les permita vivir.
Convivir sin
racismo manifiesta que los accidentes de trabajo son una lacra que debe
extinguirse, pero que el deterioro de las condiciones de trabajo, con la excusa
de la crisis, ha provocado justo el efecto contrario y estamos asistiendo a un
repunte de los accidentados y los fallecidos “en el tajo” o de camino. En concreto, los accidentes en el trabajo
agrícola afectan principalmente a la población inmigrante porque es la que en
mayor medida desempeña este trabajo y la que soporta, en la mayoría de los
casos, las peores condiciones laborales.
Si hay que señalar culpables, se debe ser claro: la
culpa está en quienes obligan a realizar jornadas interminables, en quienes
obligan a trabajar “a destajo”, pero también en quien debe velar por el
estricto cumplimiento de la legalidad en los puestos de trabajo. Las administraciones
públicas con competencias en empleo, la Inspección de Trabajo, debe hacer cumplir la
legalidad vigente en jornadas, horarios, condiciones de trabajo y de transporte
al trabajo. Mientras que eso no se haga, volveremos a sufrir con las víctimas
de los accidentes laborales y con sus familias el dolor de la pérdida de vidas
humanas.
¡Ya basta!
¿En qué condiciones laborales,
económicas y sociales se produce este trágico accidente donde cinco trabajadores del campo de nacionalidad marroquí
perdieron la vida y otros tres resultaron heridos?
Una ETT de Torre Pacheco, Agriverdes del Mediterráneo S.L. les había
contratado para trabajar en la recolección del apio en una finca propiedad del
grupo G's España, empresa líder en Europa en producción
y comercialización de hortalizas y frutas frescas, con una facturación de más
de 120 millones de euros anuales. Filial del grupo inglés The Shropshire Group.
En el año 2002, compraron a la multinacional americana DOLE el 90,97% de
Pascual Hermanos S.A. radicada en Águilas, a cuyas fincas se dirigían la
cuadrilla de trabajadores migrantes que sufrieron el fatal accidente.
Según denunciaba el sindicato UGT en febrero de 2014, el grupo G's ejerce
un modelo unilateral de relaciones laborales rebajando los salarios de más de
200 empleados que trabajan en la recolección de Apio.
Todos los
trabajadores de dicho producto, todos, habían firmado su disconformidad con la
medida tomada por la empresa y habían denunciado que realizan su trabajo en la
modalidad de "Trabajo a destajo incentivos", obteniendo un salario en
función de las unidades/kilos que la empresa decidió recortar, sin tener en cuenta
la opinión de los representantes de los trabajadores como es normativa. Además
la empresa despidió al Presidente del Comité de Empresa por manifestar que la
cesta de navidad entregada a los empleados con productos vegetales que la
empresa no podía vender a sus clientes.
Así mismo
el pasado 25 enero 2015 miles de jornaleros inmigrantes se
manifestaron entre la Delegación del Gobierno y el Palacio de San Esteban, sede
del Gobierno regional de Murcia, para reclamar el fin a los abusos laborales
en el campo, dignidad laboral y que las ETT no intermedien en su contratación.
Desde Comisiones Obreras denunciaban que "en muchos
tajos se realizan jornadas excesivas que superan habitualmente las 10 horas
diarias, durante 6 ó 7 días a la semana". Además, "no se garantiza el
salario del convenio de aplicación y se paga a destajo, cuando eso está
prohibido por Ley". "Hay trabajadores que por una jornada completa,
se les paga 20 euros, cuando en jornada de ocho horas deberían cobrar más de 50
euros, según el convenio de aplicación". Y más: "No se declaran, ni
se cotizan, a la Seguridad Social, todos los días trabajados, con los
perjuicios que esto supone para los trabajadores y trabajadoras y para todos
nosotros".
"En definitiva", según explicaban desde CC.OO.,
esta situación "nos perjudica como sociedad en general", y lleva a
que muchos trabajadores inmigrantes del campo "estén perdiendo su permiso
de residencia y trabajo en España por no cotizar los días realmente trabajados,
quedando en situación irregular", a lo que hay que unir la denuncia por
"la falta de inspección y de dotación de medios por parte de la
Administración para atajar estas prácticas abusivas".
En las pancartas podía leerse "No al acoso sexual en el
trabajo", "No quiero trabajar todo el día y cobrar solo 15
euros", "Trabajo estable y con derechos", "Soy persona y no
esclavo laboral", "Denunciamos la ausencia de la Inspección de
Trabajo en el campo" o "No al destajo", que iban tras la que
abría la marcha "Contra los abusos laborales. Por el cumplimiento de los
convenios”
Esté es un retrato que nos transporta a las condiciones laborales de los años 50 cuando
en las plazas de los pueblos, se acercaba el cacique de turno y contrataba
verbalmente a los trabajadores que necesitaba sin derecho alguno. Y que por
desgracia hoy se repite en distintos pueblos de la Región de Murcia, del campo
de Cartagena y de Lorca, así como en la vega media y en el altiplano donde los conocidos como furgoneteros y enganchadores, pasan a
diario a recoger en distintos puntos a los trabajadores que necesitan y los que
protestan de las condiciones que sufren, no vuelven a trabajar. O donde las ETT
imponen condiciones fuera de convenio colectivo y recortes a los salarios y duras condiciones
laborales a los trabajadores para subcontratar sus servicios con grandes
multinacionales de la gran industria agrícola murciana.
¿Está nueva desgracia pondrá fin a tanta explotación laboral
y abusos en la contratación de las trabajadoras y trabajadores del campo
murciano?, lamentablemente no. Pero estamos convencidos que la situación de
precariedad estructural generada por las distintas reformas laborales tienen
que ser invertidas por políticas económicas que
se basen en mejorar las condiciones de trabajo de las trabajadoras y trabajadores y sus
salarios para mejorar la competitividad de nuestras empresas, cumpliendo con la legalidad vigente en jornadas, horarios, condiciones de trabajo y de transporte al trabajo.
..//..
