En el “Día internacional contra el racismo y la xenofobia” Convivir sin racismo aboga por la lucha contra los actos discriminatorios y contra la persecución de la solidaridad con las personas “sin papeles”.
En el mes de enero de este año el “Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia” visitó nuestro país. En sus informe indica que, a pesar de los avances que se han dado en España en cuanto a la lucha contra el racismo y la xenofobia y, en concreto, del marco jurídico del que nos hemos dotado contra la discriminación, se observa un retroceso en los avances conseguidos; retroceso asociado a la situación de crisis, pero también a la aparición de un discurso xenófobo y de odio en algunos políticos y cargos públicos. Concluye su informe expresando la necesidad de que se garantice efectivamente la aplicación de las leyes antidiscriminatorias, de conformidad con sus obligaciones internacionales.
El 21 de marzo de este año tenemos que señalar un cambio muy importante en los derechos de las personas que no tienen regularizada su situación en nuestro país: la retirada de la tarjeta sanitaria que rebasa el límite de lo permisible en una sociedad inclusiva, pues deja sin cobertura sanitaria a uno de los colectivos más desfavorecidos. La medida parte de una mentira en su argumentación que relaciona el turismo sanitario con la inmigración irregular y es ineficaz respecto a sus objetivos e injusta en términos sociales.
Como ya hemos dicho en muchas ocasiones restringir el acceso a la tarjeta sanitaria y a los servicios sanitarios normalizados a esta población no hará otra cosa sino aumentar el gasto sanitario porque sí podrán seguir acudiendo a los servicios de urgencia y el efecto claro puede ser una mayor saturación de estos servicios cuyo coste es mayor que el de la cobertura en atención primaria. Además desde el punto de vista de la prevención sanitaria no parece sensato impedir la asistencia primaria a un sector de la población que por su vulnerabilidad social puede padecer peores condiciones de vida y salubridad, lo que podría generar en el futuro graves problemas de salud pública.
Otro ejemplo de vulneración de los derechos de estas personas es la permanencia de los Centros de Internamiento de Extranjeros, cárceles especiales para las personas que están a la espera de su expulsión del país al no tener su documentación regularizada. Estos centros, como también denuncia el Relator de la ONU “presentan una serie de retos en materia de derechos humanos que España ha de superar” y carecen de reglamentación, por lo que la arbitrariedad en el tratamiento de las personas allí internadas es bastante frecuente. En la mayoría de estos Centros se sigue negando el acceso a las ONG para hacer labor social. Convivir sin racismo ha presentado ante la Comisaría General de Extranjería un programa de actuación sociocultural con las personas allí internas, de carácter totalmente voluntario y gratuito, y una vez más se nos ha prohibido la entrada al Centro de Internamiento de Extranjeros de Sangonera (Murcia). La razón de esta nueva negativa nos parece que pueda tener relación con las quejas que hace unos meses presentamos, sobre presuntos malos tratos a internos, al Juez de Vigilancia del CIE y que se están investigando.
Por último queremos denunciar que, en una nueva vuelta de tuerca, el Gobierno pretende modificar el Código Penal de manera que se pueda perseguir de forma penal la ayuda humanitaria y solidaria a las personas en situación administrativa irregular. El artículo 318 bis del Código Penal surgió para proteger a las personas inmigrantes de determinadas actuaciones delictivas contra ellos, como la trata de seres humanos y el tráfico de inmigrantes, pero la modificación prevista puede equiparar la actuación humanitaria con estas actuaciones delictivas, según el criterio del Ministerio Fiscal.
Contra esta reforma, dieciocho entidades sociales de todo el país hemos lanzado la campaña “Salvemos la hospitalidad”. Entre otras actuaciones pretendemos que ayuntamientos y parlamentos regionales aprueben mociones en contra de la nueva redacción propuesta del mencionado artículo del Código Penal.
Convivir sin racismo ha pedido reuniones con los dirigentes regionales de todos los partidos políticos con representación en nuestra Región para presentarles la campaña, el contenido de las mociones y para pedirles que las apoyen en aquellas instituciones en que tengan representación. Hasta este momentos nos han recibido representantes en la Asamblea Regional de PSOE, UPyD y de IU y de Ayuntamientos de estos mismos partidos y también del PP en el de Molina de Segura. Todos ellos se han mostrado favorables a la defensa de estas mociones y a su apoyo en los plenos de las instituciones en las que tienen representación.
Esperemos que entre todos podamos evitar que una persona que se mueva con carácter altruista en su acción solidaria pueda ser acusada, si así lo decide el fiscal, en prácticamente los mismos términos que quienes se lucran con la explotación de los más desfavorecidos.
Convivir sin racismo y todas las organizaciones que promovemos esta campaña invitamos a todos los ciudadanos a sumarse a la misma a través de la página web ww.salvemoslahospitalidad.org y promoviendo en sus ayuntamientos mociones similares a las que nosotros estamos presentando. Queremos defender un modelo de convivencia basado en la diversidad y la interculturalidad y que dé un justo valor a los valores de la convivencia y la solidaridad.
