Durante el pasado jueves 30 de julio de 2026 la ciudad autónoma de Ceuta registró la llegada de más de 72.000 personas procedentes de Marruecos. De acuerdo con los datos conocidos, mientras una gran parte de los adultos que cruzaron la frontera han retornado a territorio marroquí a través de unos opacos mecanismos de cooperación bilateral, en la ciudad autónoma permanecen bajo custodia autonómica más de mil menores extranjeros, a los que se suma un grupo de solicitantes de asilo a la espera de la resolución de sus expedientes. 

La insuficiencia de plazas en los centros de acogida y de protección de menores, mantiene a cientos de personas pernoctando a la intemperie en las playas o bajo el amparo de iniciativas particulares, asociaciones vecinales y ONG locales. Mientras los servicios públicos de extranjería y los recursos de atención humanitaria institucionales son claramente insuficientes ante la urgencia que requiere la situación.

Se ha cumplido un mes de estos sucesos en un contexto de tensión social, asistencial y confrontación política. Con servicios públicos tensionados, organizaciones sociales exhaustas y un clima de convivencia que ha sufrido un profundo desgaste. Registrándose episodios de violencia graves, impidiendo el reparto de alimentos por parte de la Cruz Roja, incendiando pertenencias personales de los recién llegados y sus asentamientos, agresiones sexuales a niñas, hostigamiento contra personas migrantes (menores incluidos), población ceutí musulmana, periodistas y quienes prestan asistencia humanitaria.

Así mismo, organizaciones de solidaridad con las personas migrantes y/o de defensa de los derechos humanos de la zona, han recibido amenazas e insultos que han obligado incluso a interrumpir parte de su actividad para prestar asistencia jurídica y humanitaria —con especial incidencia en la protección de mujeres y niñas, así como menores y solicitantes de protección internacional—.

Los hechos relacionados con la detención de dos personas de No Name Kitchen deben esclarecerse plenamente incluido cualquier eventual uso indebido de la fuerza. Prestar asistencia humanitaria, acompañar o documentar vulneraciones de derechos no puede convertirse en una actividad sospechosa. Impedir que Cruz Roja u otras organizaciones proporcionen comida y agua a quien carece de ellos no es una legítima protesta, es crueldad y deshumanización. Las administraciones están obligadas a prevenir e investigar estas agresiones incluida su posible motivación racista.

Ante este escenario, desde Convivir sin Racismo denunciamos cualquier criminalización de la solidaridad. En este sentido, como colectivo que defiende el cumplimiento de los derechos humanos, recordamos que el control de las fronteras no exime del cumplimiento de la legislación nacional e internacional en materia de acogida humanitaria, derecho de asilo y protección de la infancia. Sostenemos que situar la asistencia humanitaria básica como campo de batalla político degrada los principios democráticos y las garantías de protección social.

La insuficiente respuesta institucional ha sometido a la población ceutí, especialmente a algunas de sus barriadas más abandonadas, a una presión extraordinaria, llevando a vecinas, vecinos y organizaciones sociales locales a suplir durante semanas funciones básicas de acogida y alimentación. Reconocer ese abandono y el legítimo malestar que genera es perfectamente compatible con denunciar su instrumentalización por quienes pretenden transformarlo en racismo y violencia contra las personas migrantes.

Manifestamos nuestra preocupación por la utilización institucional de esta crisis. La FEMP ha convocado concentraciones para el 2 de septiembre en apoyo a Ceuta a las puertas de distintos ayuntamientos bajo el argumento de la defensa de la integridad territorial española, una decisión adoptada sin consenso y de forma unitaria según denuncian diversos grupos políticos representados en la Federación.

La solidaridad con Ceuta no puede convertirse en una movilización contra las personas migrantes ni en un instrumento partidista. No puede utilizarse una crisis humanitaria, de derechos humanos y la situación en la Frontera Sur para generar alarma social, buscando confrontar las circunstancias de atención humanitaria urgente a la población migrante en situación de extrema vulnerabilidad con las demandas justificadas de los vecinos y vecinas, especialmente de las barriadas más excluidas de Ceuta, que padecen un deterioro crónico de acceso a los servicios públicos y perciben que tuvieron que afrontar prácticamente en solitario una situación que les superaba por completo.