Blog de Convivir Sin Racismo (asociación murciana): septiembre 2014

Denuncia que el Servicio Murciano de Salud se ha retrasado dos años para aclarar las condiciones de atención sanitaria a mujeres embarazadas, menores de edad y extranjeros en situación irregular.

Cuando se cumplen dos años desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones (RDL), Convivir sin Racismo Murcia denuncia que el Gobierno de España y el de la Región de Murcia no cumplen con sus obligaciones legales de garantizar el derecho a la salud de toda la población sin discriminación y denuncian de exclusión sanitaria que ha dejado sin tarjeta sanitaria al menos a 873.000 personas en España y mas de 50.000 en la Región de Murcia.

Durante estos dos años pasados, en la Región de Murcia hemos asistido a la exclusión sanitaria de miles de personas inmigrantes en situación irregular. Según datos de la propia Consejería de Sanidad, en la Región de Murcia, más de 30.000 extranjeros perdieron su Tarjeta Sanitaria Individual en el año 2012, concretamente 30.448 y durante el primer semestre de 2013 últimos datos que nos han sido facilitados, fueron otros 16.244, lo que supone que en el primer año y medio de aplicación de este Real Decreto Ley 16/2012, un total de 46.692 personas fueron apartadas del sistema sanitario publica en la Región de Murcia.

Con el agravante de que ni siquiera se había regulado legalmente ni publicado instrucción alguna en el ámbito autonómico sobre el acceso a la atención sanitaria de aquellas personas sobre las que existe una especial protección, como es el caso de los niños y las mujeres embarazadas o la atención en caso de urgencia médica. Lo que ha supuesto una quiebra de la universalidad del derecho humano a la salud y ha provocado una sucesión de irregularidades, abusos y prácticas discriminatorias por parte de algunos centros de salud, confusión y una situación de indefensión e desinformación generalizada en esta población residente en nuestra tierra, lo que no sólo constituye un atentado contra los más elementales derechos humanos sino un peligro para la salud general de toda la población.

En estos dos años de aplicación del decreto de exclusión sanitaria, la incertidumbre, el miedo, la angustia y el dolor son el día a día en nuestros barrios. Expropiar el derecho a la asistencia sanitaria a casi un millón de personas supone expropiárselo a toda la población. Como individuos, no cuidamos nuestra salud si no cuidamos la salud de las personas a nuestro alrededor.

Ayer, día 3 de septiembre de 2014 se publicó la instrucción 4/2014 del SMS para aclarar las condiciones de atención sanitaria a extranjeros en situación irregular en nuestra Comunidad en tres casos: en condiciones de urgencia, en casos de embarazo y a los menores. Con ello, se deja fuera de la atención sanitaria otros casos ya contemplados en el propio RDL (como son los solicitantes de protección internacional y víctimas de trata de seres humanos en periodo de restablecimiento y reflexión) o aquellos que padecen enfermedades mentales o si detectan que existe riesgo para la salud pública y sin dejar claro el acceso a los servicios de atención primaria.

Con ello, se da carta de naturaleza legal a la exclusión y el apartheid sanitario para una importante parte de la población que reside en España, a pesar del consenso existente entre los organismos internacionales, las organizaciones sociales y profesionales y expertos sanitarios que exigen la retirada de la reforma de exclusión sanitaria, sin que el Gobierno español las haya tenido en cuenta. Por el contrario, las autoridades han seguido implementando la reforma sanitaria y han continuado adoptando normas que profundizan aún más la exclusión sanitaria.

Convivir sin Racismo de Murcia, al igual que otras muchas organizaciones sociales, pide al Gobierno de España que cumpla con sus obligaciones internacionales y con las recomendaciones de Naciones Unidas y del Consejo de Europa, reformando el Real Decreto Ley, asegurando la universalidad del derecho a la salud, y garantizando de manera urgente el acceso a la atención sanitaria a las personas migrantes, independientemente de su situación legal.

Asimismo, pedimos al Gobierno autonómico murciano que cumpla con su obligación de garantizar el acceso a la sanidad pública a toda la población que requiera de asistencia y que no cumpla con este decreto de exclusión sanitaria y, como ya hacen otras comunidades autónomas, no limite el derecho a la salud universal porque puede afectar al derecho a la vida de algunos de los colectivos más vulnerables de la sociedad y por tratarse de una medida regresiva y discriminatoria que puede atentar al derecho a la salud de toda la población murciana.

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Datos de evolución de tarjetas sanitarias individual en la Región de Murcia.

	2011	2012	JUNIO 2013
Mujeres extranjeras	99.627	88.774	82.340
Hombres extranjeros	124.254	104.659	94.849
Total extranjeros	223.881	193.433	177.189
Mujeres nacionales	608.119	610.359	611.831
Hombres nacionales	589.631	592.294	593.440
Total nacionales	1.197.750	1.202.653	1.205.271
Total CARM	1.421.631	1.396.086	1.382.460

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El informe “SóloPor Estar Solo”(5,5MB) elaborado por Fundación Raíces, en colaboración con la Fundación Abogacía Española, analiza centenares de expedientes de menores y constata las malas prácticas de las Administraciones españolas en la determinación de la edad de los menores migrantes no acompañados (MENAS), la vulneración de sus derechos fundamentales, la exclusión del acceso al sistema de protección en igualdad de condiciones al resto de menores en situación de desamparo y les condena a vivir en la calle, con lo que esto supone para su integridad y desarrollo físico, psíquico y emocional.
Esta es una de las principales conclusiones que se recogen en Sólo por estar solo. Un Informe sobre la determinación de la edad en menores migrantes no acompañados, elaborado por la Fundación Raíces en colaboración con la Fundación Abogacía Española, realizado a partir de numerosos casos de menores que han tenido contacto con diversas Administraciones públicas desde su llegada a España y a los que la Fundación Raíces ha prestado asistencia legal y social. De los más de 300 jóvenes migrantes atendidos en los últimos años, en el informe se detallan las circunstancias concretas de 40 de ellos, cuyas identidades se han preservado para no perjudicarles.

Fundación Raíces desvela en su informe que, a pesar de la condición de gran vulnerabilidad de los menores migrantes no acompañados, las Administraciones españolas han cometido y siguen cometiendo numerosos errores y negligencias, sobre todo en relación con la determinación de su edad, que les han perjudicado gravemente.
El procedimiento de determinación de la edad está previsto en la ley para que ningún migrante menor de edad pueda quedar en situación de desamparo por el hecho de estar indocumentado y tener una apariencia física que no asegure su edad real.
En el caso de los migrantes no acompañados, determinar si son o no menores de edad puede significarles, en iguales circunstancias, estar bajo la tutela y protección del Estado, si se decreta la minoría de edad, o ser internados en un Centro de Internamiento de Extranjeros y expulsados del país, si se establece su mayoría de edad y carecen de permiso de residencia o de trabajo.

En España, según recoge el informe, los MENAS procedentes de Marruecos y el África Subsahariana sufren las malas prácticas de determinación de la edad, tanto a su entrada en España como cuando ya han sido documentados por sus embajadas y consulados. Aunque las autoridades de sus países certifiquen la minoría de edad, quedan en muchas ocasiones abandonados y totalmente indefensos, porque la Fiscalía General del Estado, de manera sistemática, no da validez a esos pasaportes y partidas de nacimiento de ciudadanos de estos países cuando son menores de edad que llegan solos a nuestro territorio.
Es decir, la Fiscalía determina que son mayores y no pueden seguir, por tanto, bajo tutela de la Administración. De esta forma, se encuentran en la calle con pasaportes y partidas de nacimiento que acreditan su minoría de edad, y sin poder ejercer, por tanto, los derechos de los adultos (trabajar, derecho a solicitar permisos de residencia, etc.).
Además, en cualquier procedimiento judicial en el que se vean inmersos, con dichos documentos que los identifica como menores – y cuya validez nunca es cuestionada por otras administraciones (Ministerio del Interior, Delegaciones de Gobierno, Consejerías de Sanidad o Asuntos Sociales, etc..)- siempre se les reclama la asistencia de su representante legal. Como su tutor legal (entidades de tutela de las Comunidades Autónomas) y la Fiscalía de Protección de Menores resultan ser precisamente los que les han dejado indefensos, los menores se ven obligados a nombrar abogados y procuradores que les defiendan.

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