Reproducimos a continuación un interesante artículo de
Margarita Martínez Escamilla, Catedrática de Derecho Penal de la Universidad
Complutense de Madrid publicado en "El
Faro de Melilla" el pasado lunes 13 de febrero, que trata sobre las “devoluciones
en caliente” y la responsabilidades públicas de velar y respetar los derechos
humanos.
¿POR QUÉ NO QUIERE DAR
INSTRUCCIONES EL MINISTRO DEL INTERIOR?
Hace unos días compareció en el Senado el Ministro
del Interior. En dicha comparecencia una senadora le preguntó sobre la
existencia y contenido de las instrucciones impartidas a la Guardia Civil en
relación con las denominadas “devoluciones en caliente”, y qué tiene que hacer la Guardia Civil para cumplir
la Disposición Adicional Décima de la Ley de extranjería en cuanto establece que
“en todo caso, el rechazo se realizará respetando la normativa internacional
de derechos humanos y de protección internacional de la que España es parte”.
Además, le hizo una pregunta muy concreta: ¿qué tiene que hacer la Guardia Civil
cuando intercepta a un menor de edad en la valla?
Animo vivamente al lector a escuchar en internet
la respuesta del señor Zoido, que puede resumirse en las siguientes ideas: Ceuta
y Melilla son España, a él también le gustaría que no hubiera hambre en el
mundo y, por último, la Guardia Civil siempre actúa respetando los derechos
humanos por lo que no necesita ninguna instrucción. Tal cual. Bochornoso
espectáculo también los aplausos con que los senadores de su partido premiaban
la desfachatez del Ministro quien, por cierto, conocía de antemano las
preguntas que le serían formuladas.
Esta respuesta –o no respuesta-, como se prefiera,
constituye un insulto a los ciudadanos, a la institución del Senado que nos
representa y entiendo que también a la Guardia Civil, cuya asociación
mayoritaria, la AUGC, ha emitido un comunicado durísimo y
cargado de razón poniendo de manifiesto
la frivolidad del Ministro y la necesidad del protocolo de actuación en
frontera que viene insistentemente reclamando y cuya inexistencia ha puesto en
conocimiento incluso de la Fiscalía General del Estado.
Pero, ¿por qué el Ministro se niega a responder y
niega las demandadas instrucciones? Porque, como él muy bien sabe, las
devoluciones sumarias son radicalmente ilegales. Así lo vienen reiterando organismos
e instituciones nacionales e internacionales como el Defensor del Pueblo, el
Alto Comisionado de Naciones Unidas para el Refugiado o el Consejo de Europa,
cuyo Comité para la Prevención de la Tortura ha recomendado al Gobierno español que
cesen las entregas a las fuerzas auxiliares marroquís, habida cuenta de los
malos tratos que éstas infligen a las personas devueltas, con la consiguiente
vulneración del principio de no devolución consagrado el Convenio Europeo de
Derechos Humanos y en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
¿Cómo ha de proceder
entonces la Guardia Civil cuando intercepta a una persona en la valla para
respetar la normativa internacional de derechos humanos, tal y como
expresamente exige la nueva regulación de los rechazos en frontera? El Defensor
del Pueblo lo ha indicado reiteradamente: a través de un procedimiento en el
que se dicte una resolución administrativa individualizada y expresa, con
asistencia letrada y de intérprete, si es necesario, y en el que se deje
constancia de que se verifican las necesidades de protección internacional, que
no se trata de un menor de edad y que no existen indicios de ser víctima de
trata de seres humanos. Estos requisitos son fáciles de entender. No toda
persona que accede a territorio español tiene derecho a quedarse, pero sí a que
su entrega –nunca a las fuerzas auxiliares marroquís- se verifique a través de
un procedimiento que permita constatar que esa persona no se encuentra en una
situación que el Estado español, a través de la firma de normas
internacionales, se ha comprometido a tutelar, como es por ejemplo el caso de los
menores de edad por los que fue expresamente preguntado el Ministro. Será
necesario, pues, un procedimiento muy parecido al de devolución. Efectivamente
para este viaje no necesitábamos las alforjas de los “rechazos en frontera”,
que no han venido sino a incrementar la inseguridad jurídica de la Guardia
Civil.
Es de esperar que no se
vuelva a acudir al patético “concepto operativo de frontera” para tratar de
justificar que el inmigrante interceptado no está en territorio español. Como bien
sabe el señor Ministro, porque es juez y porque así lo ha declarado el Tribunal
Constitucional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Comité para la
Prevención de la Tortura de Naciones Unidas, la actuación de los funcionarios
de las fuerzas y cuerpos de seguridad del nuestro país está sometida a la
Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, actúen dentro o fuera de
territorio español (principio de jurisdicción).
Se miren por dónde se
miren, las devoluciones sumarias son radicalmente ilegales y su mantenimiento
no es sino expresión de la contumaz voluntad de no aplicar la normativa sobre
derechos humanos en Ceuta y Melilla, voluntad que un día algún juez podrá
castigar, además de por otros delitos, como un delito de prevaricación. Así
pues, señor Ministro, no nos tome por imbéciles. Es obvio que su negativa a
refrendar expresamente las devoluciones sumarias se debe a que sabe que son
ilegales y a que cobardemente prefiere que por estas
prácticas respondan los guardias civiles, cuando en realidad el primer responsable
es usted.
Margarita Martínez
Escamilla
Catedrática de Derecho
penal de la Universidad Complutense de Madrid
