La
llegada de personas migrantes a las costas de la Región ha puesto de manifiesto
la falta de recursos y la improvisación, tanto por los Gobiernos como de la
administración de Justicia.
Tras los ultimas llegadas de pateras provenientes de las costas Argelinas al levante español, en especial al litoral de la Región de Murcia, trasportando a mas de setecientas personas, poniendo de manifiesto el aumento en la intensidad del flujo migratorio a través de esta ruta Argelina y la falta de previsión por parte de los Gobiernos de España y la Región de Murcia. Desde Convivir en Racismo queremos poner en valor el trabajo de los equipos de rescate y asistencia tanto en el mar como en tierra, que salva vidas y ofrece ayuda real, pero no podemos dejar de señalar el trato que nuestro gobierno da a estas personas migrantes una vez que se encuentran en territorio Español y bajo la tutela del estado.
Dado el colapso que sufrieron los recursos de acogida disponibles
por parte de la Administración, se tuvo que habilitar el pabellón deportivo del
Centro
Integrado de Formación Profesional Hespérides de Cartagena para alojar a los
migrantes a la espera de su declaración ante los jueces. Lugar que no reúne las
condiciones necesarias para dar un trato digno a las personas recién llegadas a
nuestras costas, vulnerando sus derechos fundamentales como seres Humanos.
Ante la necesidad regulada por ley de
poner a disposición judicial, a toda persona retenida, en el plazo máximo de 72
horas, ha llevado a la administración de Justicia a tener que trasladar el
juzgado nº 2 de Cartagena, en funciones de guardia, al mencionado Centro
educativo donde tenían retenidos a los migrantes para poder proceder a su
posible identificación y expulsión o entrada a un centro de internamiento, poniendo
a disposición de los más de 300 personas que allí estaban tan solo 8 abogados
del turno de oficio que disponían de menos de 5 minutos para conocer y
explicarles su situación legal, lo que impedía el derecho a un debido proceso y
una tutela judicial efectiva.
Así mismo denunciamos que los Juzgados en coordinación con el gobierno y ante la falta de plazas en
los CIE, han ordenado el internamiento de un buen numero de ellos a la cárcel
de Archidona en Málaga, una decisión que contraviene la ley
4/2000, de Derechos y libertades de los extranjeros en España y de su
integración social, que declara el carácter no penitenciario de los
centros de internamiento de extranjeros y el propio Reglamento
162/2014, de 14 de marzo por el que se aprueba el reglamento de funcionamiento
y régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros que aunque posibilita la habilitación de espacios
provisionales como CIE. El Tribunal Supremo aclaró que estos centros
provisionales tienen ser creados por el Ministerio del Interior (mediante orden
ministerial), algo que no ha ocurrido hasta la fecha.
Por tanto el Estado está incumpliendo
sus propios preceptos conculcando los derechos fundamentales de los migrantes,
poniendo de manifiesto que en el Estado español prima la defensa de las
fronteras al respeto a la legalidad y a los derechos de estas personas que tan
solo llegan a nuestras costas en busca de una vida mejor. Quieren
dar una lección a las mafias que trafican con las personas y en lugar de
emprender acciones diplomáticas y acuerdos con el Gobierno de Argelia, privan a los migrantes víctimas de las mafias
de la protección que debe brindarles nuestro Estado social y de Derecho.
..//..
