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Blog de Convivir Sin Racismo (asociación murciana)

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    El Foro de Médicos de Atención Primaria califica de ineficiente suspender la asistencia sanitaria al inmigrante sin papeles del real decreto 16/2012

    Categoría: Atención Primaria
    • Considera que retirar la atención sanitaria a excepción de las urgencias a los sin papeles va en contra del código deontológico médico y del derecho médico internacional.
    • Manifiesta su rechazo a las medidas contra la universalización de la Sanidad y a la vuelta del concepto de asegurado frente al de ciudadano.
    • Critica que la norma no asegura la continuidad del tratamiento de los pacientes crónicos con el mismo medicamento que fue prescrito por el facultativo poniendo así en riesgo el cumplimiento de la terapia.
    • La cartera básica de las CCAA debería definir unos servicios de salud basados en la AP con un acceso libre de pruebas complementarias a este nivel asistencial, por la evidencia de ser más coste-eficiente.
    • Constata inseguridad jurídica en referencia a los funcionarios sanitarios y su reconversión a estatutarios, así como integraciones forzosas sin un marco adecuado de negociación.
    • Se ponen a disposición de la Administración para buscar e implementar las medidas adecuadas dirigidas a mejorar la atención, la equidad y la sostenibilidad de Sistema de Salud.
    El Foro de Atención Primaria, constituido hace más de dos años con el objetivo de ser una voz única de los médicos del primer nivel asistencial, lamenta que el Gobierno haya adoptado medidas puntuales y no reformas estructurales que garanticen la calidad, equidad y sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS). El Foro respalda otras medidas del nuevo RD 16/2012 como son el control del turismo sanitario, el establecimiento de una central de compras, y la disminución de la excesiva medicalización social. Así como las iniciativas de recursos humanos entorno a la troncalidad y las áreas de capacitación específica. Sin embargo, no comprenden ni comparten que se siga sin adoptar los cambios necesarios para la mejora del SNS, y que desde hace tiempo viene reivindicando este colectivo.
    En relación a las disposiciones aprobadas en el nuevo RD desean manifestar lo siguiente:
    1ª- Atención a inmigrantes "sin papeles": la exclusión del acceso a la asistencia sanitaria de los extranjeros mayores de 18 años que no sean euro comunitarios, o que no tengan permiso de residencia, excepto en los limitados supuestos contemplados en la propia disposición, es una medida contraria al código deontológico médico, pues sitúa a los profesionales médicos ante un dilema ético, al no poder asegurar la continuidad de tratamiento y cuidados a sus pacientes. 
    Asimismo, debe tenerse en cuenta que el Tribunal Constitucional, en relación con los extranjeros, tiene declarado que la dignidad de la persona, como «fundamento del orden político y la paz social» (art. 10.1 CE), obliga a reconocer a cualquier persona, independientemente de la situación en que se encuentre, aquellos derechos o contenidos de los mismos.
    Por otra parte, consideran que esta medida puede ocasionar disfunciones en el sistema sanitario, derivadas de sobrecargas en los servicios de urgencias de aquellas poblaciones con mayor número de extranjeros en situación no regularizada. Lo que complica aún más la ya habitual elevada demanda de asistencia sanitaria que sufren estos servicios. El Foro recuerda también que la Atención primaria resuelve el 90% de los problemas de salud.
    2º.- En relación al concepto de asegurado: el concepto de asegurado en contraposición con el de ciudadano supone un cambio sustancial en nuestro modelo sanitario. Tal y como lo incluye el RD Ley, no sólo no avanza en considerarlo un derecho ligado a la condición de ciudadanía e igual para todos, sino que retoma la distinción de titulares y beneficiarios para una asistencia pública que estaba definida como universal y no contributiva de la seguridad social.
    3ª.- Garantías y uso racional de medicamentos en pacientes crónicos: la nueva redacción de los artículos 86.6 de la Ley 29/2006 del 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, no asegura la continuidad del tratamiento en los pacientes crónicos con el mismo medicamento que le fue prescrito por su facultativo. 
    Hay que tener en cuenta que los cambios de medicamento en este tipo de pacientes puede ocasionar serios problemas, tanto de confusión como de cumplimiento terapéutico y se ha avanzado poco en regular aspectos de isoapariencia y adecuación del envase de dispensación. 
    4ª.- El Foro también contempla con preocupación los distintos niveles de renta establecidos para el copago farmacéutico, así como el sistema arbitrado para la devolución de las cantidades adelantadas por los pensionistas en función de los topes establecidos. Creemos que el sistema merece una evaluación rigurosa.
    5ª.- Asimismo, el Foro constata que algunas de las medidas adoptadas en el RD en cuanto a integración forzosa de personal estatutario no integrado y personal funcionario, establecen un marco de inseguridad jurídica que proporciona un elemento de inestabilidad a los profesionales, y que difícilmente son explicables por un RD de medidas urgentes de sostenibilidad del sistema sanitario. Por ello, el Foro cree oportuno que se establezcan marcos adecuados de negociación con este colectivo de profesionales.
    6ª.- La eliminación de la extensión al personal de los servicios de salud del complemento de incapacidad temporal, regulado para los funcionarios de la administración del Estado en el artículo 21 del Real Decreto Legislativo 4/2000 del 23 de junio, supone también una modificación de las condiciones de trabajo del personal de los servicios de salud, que vulneran el derecho a la negociación colectiva y, por tanto, el artículo 28 de la Constitución.
    En este contexto, y a pesar de estar en contra de algunas de las medidas adoptadas, el Foro desea mostrar su disposición a colaborar en la búsqueda e implementación de las medidas que supongan realmente una mejora del sistema sanitario.
    El Foro de Médicos de Atención Primaria
    El Foro de Médicos de Atención Primaria constituido hace más de dos años con el objetivo de ser una voz única de los médicos de este nivel asistencial lo conforman: la Organización Médica Colegial (OMC), la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) y la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP). 
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    Queridos amigos y amigas;

    Sólo una palabra: GRACIAS.

    Gracias porque esta iniciativa que comenzó el lunes día 14 de mayo a las 16.30 y que ha finalizado hoy después de la votación en el Congreso de los Diputados; ha sido un éxito gracias a personas que como tú habéis apoyado, trabajado y difundido esta la campaña.

    Las 15 entidades inicialmente promotoras os debemos dar las gracias porque, a pesar de ser una mañana triste, en la que se ha ratificado el Real Decreto Ley, con la consiguiente merma de derechos, hemos conseguido que tu palabra, junto con la de otras 21043 personas llegue al Congreso, como un grito unánime de rechazo a la aprobación de este ya famoso RDL 16/2012 .

    Gracias también a todos y cada uno de los 180 colectivos que han ratificado la carta, entrando a formar parte de la campaña creando una red de entidades plurales e independientes que más allá de su ámbito de trabajo cotidiano, nos ha unido la defensa de un aspecto tan sensible de nuestra sociedad como es la Sanidad.

    Gracias también por vuestro apoyo en las redes sociales, a todas aquellas personas que han colaborado para distribuir la campaña a través de Twitter (más de 1500 tweets) , Facebook (5495 veces compartido), 366 chapas personalizando sus perfiles en redes sociales o colocando un banner en su web. Muchas gracias.

    En definitiva, gracias por hacer que la opinión de más de 21043 haya llegado al Parlamento de forma tan clara
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    Estimado/a diputado/a
    En el Pleno del próximo día 17 de mayo de 2012, está prevista dentro del orden del día, la votación del Real Decreto-Ley 16/2012 de “medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.”
    La aprobación y puesta en marcha de este Real Decreto Ley implica, además de modificaciones sustanciales de la legislación vigente, un cambio significativo en la concepción de la atención sanitaria que conocemos hasta la fecha y con la que estoy satisfecho. Asimismo, considero que una modificación de tal envergadura hubiese necesitado, además de una norma de rango superior, un debate previo abierto no sólo en el Parlamento, sino también con entidades profesionales y sociales que trabajan en este campo tan sensible.
    Centrándonos en la norma, dentro del capítulo I, concretamente en su artículo primero, se establecen las condiciones para acceder al “derecho a la asistencia sanitaria en España”; unas condiciones que entrarán en vigor el 1 de Septiembre y que restringen ese derecho a múltiples colectivos como son:
    1. Personas con nacionalidad, mayores de 26 años residentes en España que nunca han estado en situación de alta o asimilada al alta en el Sistema de Seguridad Social.
    2. Personas con nacionalidad de alguno de los países miembros de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de Suiza que carezcan de certificado de residencia en España y/o no puedan acreditar su situación de paro involuntario.
    3. Extranjeros nacionales de países terceros que carezcan de autorización de residencia en España.
    Para éste último colectivo, cifrado en unas 150.000 personas, el Real Decreto prevé únicamente la atención sanitaria de urgencias (salvo en el caso de mujeres en proceso de gestación y los menores) como único supuesto de asistencia médica, volviendo a una concepción restrictiva que no aporta valor alguno a nuestra sociedad y que se erradicó en el año 2000 con la Ley Orgánica de Extranjería 4/2000.
    Esta situación, supone el paso atrás mencionado y, en la práctica, además de un cambio en la concepción de Universalidad en el acceso a la salud pública, una vulneración del principio de equidad que guiaba hasta el momento las políticas de sanidad de este país. Esta situación puede provocar no sólo el colapso de las zonas de urgencia de los hospitales españoles, aumentando –paradójicamente- los costes en la atención sanitaria a la población, sino también dividir a la sociedad en ciudadanos de plenos derechos y no-ciudadanos” o ciudadanos sin derechos.
    Asimismo, considero que la propuesta de la atención de estas personas a través de convenios entre las Comunidades Autónomas y ONG sigue vulnerando la vocación de universalidad de nuestro sistema sanitario y no haría sino ahondar en la brecha arriba señalada creando sistemas de atención sanitarias paralelos.

    Por ello, le solicito, de cara a la votación para la ratificación del Real Decreto Ley 16/2012, como representante que es usted de la sociedad española en el Congreso, tenga en cuenta las siguientes peticiones:
    1. Que vote en concordancia con sus creencias personales respecto a su concepción de la salud pública en España.
    2. Que tenga en cuenta la importancia de dialogar y negociar públicamente en el Parlamento y con las entidades que desempeñan su trabajo en el área sanitaria o en la atención social, el alcance, impacto, viabilidad y alternativas de la modificación legislativa, antes de aprobar un cambio tan importante para nuestra sociedad.
    3. Que tenga en cuenta las recomendaciones efectuadas por la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que en su informe del pasado 11 de octubre de 2011, aconsejaba a los Estados miembros: “El acceso a la atención sanitaria necesaria debe facilitarse a los inmigrantes irregulares con arreglo a los mismos criterios que a los nacionales, aplicando idénticas normas en materia de pago de honorarios y exenciones”. De conformidad con el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) de las Naciones Unidas y con el artículo 12 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, a las embarazadas deberá asistirles el derecho a una atención prenatal, durante el parto y postnatal gratuita y, a los niños, el derecho a una atención sanitaria prestada con arreglo a los mismos principios que a los nacionales, incluidas las vacunaciones.
    4. Que tenga en cuenta a la hora de emitir su voto la opinión de entidades, además de las arriba firmantes (entre otras) como el Consejo General de la Abogacía, la Fundación Salud y Familia, Asociación de Amigos de las Naciones Unidas, la Red Comunitaria sobre VIH y sida del Estado español (REDVIH) la Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria, el Sindicato Médico de Asturias, la Red de Colegios Médicos, Médicos del Mundo o el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM)-España.
    Muchísimas gracias por su interés en la lectura de esta carta y por tener en cuenta estas consideraciones antes de efectuar su voto.
    Un afectuoso saludo
    Más información en 
    http://acoge.org/rdl16/

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    La retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin papeles es un nuevo atentado contra los derechos fundamentales.
    La nueva medida del gobierno de restringir el acceso a la tarjeta sanitaria a los extranjeros que carezcan de permiso de residencia es una bomba de humo que pretende desviar la atención sobre los recortes en derechos que sufrimos el conjunto de la población. Además señala como chivo expiatorio una vez más a los inmigrantes a los que se les culpa de los abusos que han provocado el déficit sanitario. Esta medida rebasa el límite de lo permisible en una sociedad inclusiva, pues deja sin cobertura sanitaria a uno de los colectivos más desfavorecidos en nuestro país, los inmigrantes en situación irregular. Pero además la medida parte de una mentira en su argumentación, es ineficaz respecto a sus objetivos e injusta en términos sociales.
    La medida se basa en una mentira de la Ministra de Sanidad quien ha relacionado el turismo sanitario con la inmigración irregular cuando cualquier persona sabe, y ella también que no son los inmigrantes extracomunitarios quienes lo practican porque la lejanía de sus países y las barreras que la ley de extranjería pone para la entrada en España son obstáculos más que suficientes para impedírselo. Hay que tener en cuenta además que la edad media de los inmigrantes extracomunitarios en España se sigue situando entre los 18 y los 54 años, edades en las que el uso de los servicios de salud es prácticamente insignificante.
    Por otra parte restringir el acceso a la tarjeta sanitaria y a los servicios sanitarios normalizados a esta población no hará otra cosa sino aumentar el gasto sanitario. Estas personas sí podrán seguir acudiendo a los servicios de urgencia y el efecto claro puede ser una mayor saturación de estos servicios cuyo coste es mayor que el de la cobertura en atención primaria. Además desde el punto de vista de la prevención sanitaria no parece sensato impedir la asistencia primaria a un sector de la población que por su vulnerabilidad social puede padecer peores condiciones de vida y salubridad, lo que podría generar en el futuro graves problemas de salud pública.
    Por último es una medida injusta en términos sociales. En la actualidad puede haber en España un total de 408.142 extranjeros no regularizados, pero de esa cifra 306.477 serían ciudadanos de la UE que no se han inscrito en el Registro, a los que habría que añadir otros 13.481 de ciudadanos de países miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio. Esto es, solo habría según estas cifras 88.184 ciudadanos potencialmente incursos en la infracción del artículo 53.1.a) de la LOEX, lo que no equivale a decir personas que nunca han contribuido al sostenimiento de nuestro sistema sanitario, puesto que buena parte de ellos han sufrido la llamada irregularidad sobrevenida. Muy lejos de las cifras que están manejando nuestras autoridades publicas
    Esta medida nos retrotrae al siglo pasado, a la Ley de Extranjería de 1985, cuando los inmigrantes en situación administrativa irregular carecían de cualquier derecho. Han sido muchos años de pelea para conseguir algo tan básico como poder ir al médico cuando estás enfermo para que ahora se esfume este derecho.
    Convivir sin racismo no puede permanecer callado ante esta injusticia. Pedimos al Gobierno que retire la modificación legal, pedimos a las autoridades sanitarias de nuestra región que no la pongan en práctica y pedimos a la población murciana que se niegue a que su vecino no pueda ir al médico.
    En definitiva exigimos que acabe este racismo institucional, la discriminación, marginación, segregación y estigmatización de una parte de la población por intereses políticos partidarios.
    No lo olvidemos: es una cuestión de Derechos Humanos.
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    Con motivo del día contra el Racismo, varios programas de hoy desde el Podcast de Mundo solidario de RNE, entrevistas con diversas asociaiones de la campaña "Que el derecho no se detenga a la puerta de los CIE

    http://www.rtve.es/podcast/radio-exterior/mundo-solidario/
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    Con motivo de la celebración, el miércoles 21 de marzo,  del Día Internacional contra la Discriminación Racial Convivir sin Racismo de Murcia expresa su más firme rechazo a las muestras de racismo institucional que perviven en España en 2012. Convivir sin Racismo considera muy preocupante  que se sigan manteniendo por parte del gobierno situaciones y actuaciones que atentan gravemente contra los derechos humanos de las personas que vivimos en este país, especialmente de los ciudadanos de origen extranjero.  Consideramos, en especial, que el aumento de las identificaciones y redadas indiscriminadas, por un lado,   y la situación en la que se encuentran los Centros de Internamiento de Extranjeros, por otro, son dos buenas muestras de vulneración flagrante de los derechos humanos en España y en nuestra región.

    Pese a que las redas masivas e identificaciones con criterios étnicos (o perfil racial) están prohibidas en nuestro ordenamiento legal, su existencia salta a la vista, a veces de forma hiperbólica:  la redada masiva de Torre Pacheco en 2008 demostró lo que en toda España era una evidencia. Por estas prácticas continuadas, España ya fue condenada en 2009 por el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Y el Consejo de Europa en su Informe sobre España de 2010 exigía el cese de estas detenciones por perfil étnico. Pero, según el propio Anuario del Ministerio de Interior, en 201o se produjeron cerca de siete millones de identificaciones en la vía pública. El SUP denuncia que existen instrucciones y cupos para hacer estas detenciones, que llegan a suponer cerca de la mitad de las efectuadas, en detrimento de la legalidad vigente u otras actuaciones más efectivas. Los controles de identificación en las cercanías de estaciones de autobuses o centros de atención social, como Jesús Abandonado, son crecientes. Exigimos el cese de estas prácticas atentatorias contra nuestra legislación y los derechos humanos de las personas afectadas. 

    Muchas de estas personas identificadas son detenidas por carecer de documentación y pueden acabar en un CIE. Los CIE españoles, y el de Murcia también, están últimamente en el centro de atención informativa. La muerte de dos personas internadas en los CIE de Aluche y Barcelona han puesto de manifiesto , de forma trágica una vez más, sus carencias y oscuridad. Como venimos denunciando desde el año pasado desde la campaña estatal "Que el Derecho no se detenga en las puertas de los CIE", estos son lugares opacos en los que no existe un reglamento que ponga en claro su funcionamiento y los derechos de las personas internadas. Son espacios hurtados a la supervisión de la sociedad civil. Y estas no son sólo opiniones nuestras, sino que son compartidas por múltiples asociaciones de derechos humanos, desde Amnistía Internacional a sindicatos policiales como el SUP o los propios jueces de vigilancia del CIE de Madrid. Exigimos, con ellos, la elaboración de un reglamento, largamente anunciado y postergado, que garantice eficientemente la vigencia de todos los derechos que asisten a estas personas, así como su supervisión efectiva judicial, la debida atención sanitaria, legal y social. Exigimos el derecho a visitar regularmente esos centros y así lo vamos a poner de manifiesto con una petición al gobierno de la nación en este sentido.

    Como reclama el propio secretario de la ONU Ban Ki-Moon en su mensaje de este año: "Para derrotar al racismo tenemos que acabar con las políticas públicas y las actitudes privadas que lo perpetúan.
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