sábado, 15 de febrero de 2014

A desalambrar-Círculos de silencio, Convivir sin racismo y Murcia acoge convocan una concentración en recuerdo de los fallecidos en la frontera entre Marruecos y Ceuta

Domingo, 16 de febrero, a las 12 horas. Plaza de Santo Domingo. MURCIA



El pasado 6 de febrero, al menos 14 personas fallecieron al intentar entrar en territorio español desde Marruecos. Estas personas formaban parte de un grupo de unas 200 que pretendían entrar en Ceuta y algunas de las cuales fueron también “devueltas” a Marruecos.
En casi todos los medios de comunicación se han podido ver imágenes de cómo la Guardia Civil disparaba pelotas de goma hacia el lugar donde nadaban los inmigrantes. También hemos visto imágenes de cómo algunos eran devueltos a Marruecos simplemente abriendo la valla que separa los territorios y echándolos al otro lado.
Ante las numerosas denuncias de ONG y buena parte de la sociedad civil de la presunta ilegalidad de estas prácticas y, desde luego, de lo ilícito del comportamiento, el Director General de la Guardia Civil hizo lo que se puede esperar en el mundo donde los derechos humanos son vulnerados sistemáticamente: en vez de anunciar una investigación para esclarecer los hechos, tomar las medidas oportunas para que no vuelvan a suceder y pedir disculpas por un comportamiento tan vergonzoso, anunció que este organismo se iba a querellar contra todo aquel que dijera que la actuación no se había hecho de acuerdo a la legalidad.
Pensamos que si va a interponer querellas, puede empezar por querellarse contra el Ministro del Interior. Si en rueda de prensa el Director General de la Guardia Civil negaba el uso de elementos antidisturbios contra las personas que estaban en el agua, el Ministro del Interior afirmaba que sí se habían usado, concretamente se habían disparado pelotas de goma contra quienes nadaban. Aunque según él, no tiraban a dar. Según él el uso de material antidisturbios fue el mínimo para evitar la entrada.
El resultado conjunto de los dispositivos fronterizos y la actuación de las fuerzas de seguridad ha sido la muerte de al menos 14 personas.
Siendo el hecho más grave el fallecimiento de estos inmigrantes, no podemos dejar de referirnos también a otro asunto relacionado con el mismo intento de entrada. También en los medios de comunicación vimos imágenes que mostraban cómo un grupo de los que sí habían alcanzado la playa del Tarajal en Ceuta eran puestos otra vez en Marruecos directamente por los miembros de la Guardia Civil por el sencillo procedimiento legal de abrir la verja y empujar. Esto también ha sido confirmado en su comparecencia en el Congreso de los Diputados por el Ministro del Interior que añade que no se trata de “devolución en caliente”, lo que contraviene la legislación española y europea, porque aunque habían pisado una playa que está dentro del territorio español, no estaban en España porque tenían delante, a modo de límite fronterizo altamente variable y corredizo, un cordón de la guardia civil.
En declaraciones hechas al día siguiente de producirse estos hechos, el Ministro del Interior reconocía que se producía en casos puntuales: algunas veces, pero pocas. Como si el hecho de que no se hiciera todos los días quitara gravedad al asunto denunciado: que las fuerzas de seguridad estarían actuando sin atenerse a la legalidad con las personas que pretenden entrar en nuestro territorio por las fronteras de Ceuta y Melilla.
Hoy hemos sabido que la Unión Europea ha solicitado información a España sobre estas devoluciones en calientes y ha dicho que pueden aplicarse sanciones si se han utilizado pelotas de goma contra los inmigrantes. Si se confirma que estas personas fueron devueltas a las autoridades marroquíes sin tener en consideración sus circunstancias individuales o sus necesidades de protección internacional, esto constituiría muy probablemente una violación del principio de no devolución establecido en la Convención para de Refugiados de 1951, de la normativa europea de migración y asilo y de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, que obligan a las autoridades españolas a garantizar el acceso a la protección internacional y a respetar el principio de no devolución a países donde puedan ser víctimas de persecución o de trato inhumano o degradante.
Las organizaciones firmantes hemos convocado una concentración para el domingo, 16 de febrero, a las 12 de la mañana en la plaza de Santo Domingo. Con este acto pretendemos rendir un homenaje a los fallecidos el día 6 de febrero. Pero también denunciar la violencia ejercida por las autoridades marroquíes y españolas en las zonas fronterizas de Marruecos, pedimos el cese inmediato de está violencia institucional y la apertura de una investigación formal sobre las circunstancias de las muertes ocurridas en Ceuta en la jornada del jueves 6 de febrero y el esclarecimiento de las denuncias presentadas en los últimos meses por las devoluciones de inmigrantes a Marruecos efectuadas por la Guardia Civil momentos después de producirse las entradas por las vallas de Melilla y Ceuta, pues son unas prácticas ilegales según establece la propia Ley de Extranjería.
La profunda brecha económica entre ambas orillas del Mediterráneo es un reclamo permanente que en modo alguno puede combatirse permitiendo los atropellos puestos en marcha contra los derechos humanos. Tal actitud contraviene los principios sobre los que se sustenta la Unión Europea y nuestro ordenamiento jurídico. Y mientras tanto, solo queda esperar a que esta tragedia, como las que le han precedido, como la existencia de las concertinas en esas fronteras, desaparezca definitivamente.

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