MIgreurop denuncia la vulneración de derechos en los CIE
diciembre 16, 2011
15/12/2011
La
organización euroafricana Migreurop reclama el cierre de estos centros y, entre
tanto, exige una ley orgánica que regule su funcionamiento.
“Personas
privadas del derecho a la intimidad, a la asistencia jurídica, a la integridad
moral y a la propia dignidad”, esta es la principal conclusión del Informe CIE,
Derechos Vulnerados que ha sido presentado por la red euroafricana
Migreurop con motivo de la Semana por los Derechos Humanos y del Día
Internacional del Migrante, que se celebra el próximo domingo 18 de diciembre.
El informe es fruto del trabajo realizado durante el año por la organización
dentro de la iniciativa Migreurop España y que ha contado con la visita a
cuatro centros, concretamente a los de Málaga, Algeciras, Madrid y
Barcelona.
Las
conclusiones del documento evidencian que las personas que se encuentran
internadas en los CIE deberían estar en centros especiales sin carácter
penitenciario y tener mejores condiciones que los presos, ya que no han
cometido ningún delito, sino una falta administrativa como es no tener la
documentación en regla. No obstante, aseguran, “la realidad es que estas
personas están encerradas en verdaderas cárceles con condiciones muy inferiores
a las que tienen en los centros penitenciarios y se encuentran privadas de
derechos fundamentales tales como el derecho a la intimidad, a la asistencia
jurídica, a intérprete, a la integridad moral, a la confidencialidad,
y en algunos casos, como en el del CIE de Algeciras, al derecho a la dignidad
con la práctica del desnudo integral previo al ingreso en el
centro”.
No reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad
Las
organizaciones miembro de Migreurop recuerdan que los internos tienen
únicamente restringido por ley su derecho ambulatorio, por lo que consideran “inaceptable”
que se les prive del resto. Por ello, Migreurop reclama el cierre de estos
centros, muchos de los cuales –centros de Málaga y Algeciras- no reúnen las
condiciones mínimas de habitabilidad. Mientras tanto se produce el cierre,
apuntan, “es prioritaria la aprobación de una ley orgánica que regule el
funcionamiento de los CIE, para que no se produzcan más atropellos a los
derechos de las personas”, regulación que ha sido respaldada ya por más de
40.000 firmas y 400 entidades en una reciente campaña.
Durante su
intervención, las organizaciones destacaron otras cuestiones no menos
relevantes como el escaso o nulo control judicial de estos centros, las
notables deficiencias en sistemas de evacuación y prevención de incendios, la
designación de los internos por un número en lugar de por su nombre y apellidos
y la ausencia de cámaras en parte de las instalaciones, que impiden
fiscalizar la actuación de los funcionarios y prevenir actividades ilegales,
denunciadas en numerosas ocasiones por las personas que han pasado por estas
instalaciones.
Ante las
evidencias que plantea el informe, las organizaciones solicitan que se prohíba
la detención de personas en lugares que no tengan la consideración legal de
CIE, como en el caso de Tarifa, el acceso regular de las organizaciones
sociales para fiscalizar su funcionamiento, la comunicación con el exterior a
través de teléfonos públicos y móviles de su propiedad, una asistencia médica y
social independiente, visitas en condiciones de dignidad e intimidad, mecanismos
para prever malos tratos y transparencia y control de estos centros por
parte de la autoridad judicial.
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