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Blog de Convivir Sin Racismo (asociación murciana)

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    Desde Convivir Sin Racismo queremos recordar a Samba Martine. Hace justo un año murió en el Centro de Internamiento de Aluche. Madrid.

    En los treintaiocho días que estuvo privada de libertad acudió, al menos en diez ocasiones, a los servicios médicos porque se sentía muy enferma. En ninguna de estas ocasiones se le practicó prueba diagnóstica alguna para averiguar la causa de su estado, ni un triste análisis de sangre, ni tampoco hubo traductor. A Samba Martine se la comió la infección sin que nadie hiciera nada por impedirlo.

    El Juez de Instrucción sobreseyó las diligencias penales sin ni siquiera tomar declaración a los médicos o la jefa del servicio. El sobreseimiento está recurrido.

    Asimismo se ha presentado reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado por la muerte de Samba.

    A la espera de que la justicia y la administración se pronuncien, queremos recordar que cuando el Estado priva a una persona de libertad se convierte en el garante de sus derechos, en primer lugar, de su vida y su salud. Y si no puede garantizar estos derechos, simplemente no puede encerrar a estas personas, a personas que, como Samba, no han cometido otro delito que buscar una vida mejor lejos del lugar donde han nacido.

    Murió siendo un número, recuérdala con su nombre:

    http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=GpztJm8q4iQ
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    El martes 18 de diciembre más de un centenar de personas acudieron al llamamiento de varias organizaciones sociales a concentrarse en demanda de unas políticas de Extranjería más inclusivas, contra la Europa fortaleza y por el cierra de los Centros de Internamiento de Extranjeros.

    Tras la lectura de un manifiesto con sus demandas, entre las que destacaron las de acabar con la Ley de Extranjería y los CIEs, contra la Europa fortaleza o el denigrante apartheid sanitario del gobierno contra las personas indocumentadas, las personas concentradas guardaron un minuto de silencio en recuerdo a las decenas de miles de personas muertas en su viaje migratorio, sea en el Estrecho o en las `playas murcianas; también a las muchas muertas en el interior de los CIEs españoles.

    Después realizaron una ofrenda en el momumento a los Derechos Humanos situado en la misma plaza, que quedó cubierto de flores. Una vez más, quedó plasmado el recuerdo y la defensa de la dignidad humana.


    Una entrevista a varios asistentes en Radio 15M de Murcia se puede escuchar en

    http://radio15mmurcia.blogspot.com.es/2012/12/apaga-y-vamonos-manifestacion-por-el.html

    Una entrevista con Peio Aierbe, responsable del Centro de Estudios y Documentación sobre Rcismo y Xenofobia, sobre la situación de las políticas de control migratorio europeas


    http://www.eldiario.es/diarisolidaritat/politicas-migracion-provocado-muertes-alimentado_6_80201990.html
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    Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) son instalaciones policiales donde se retiene a los extranjeros que van a ser expulsados del país, durante un máximo de 60 días, según lo previsto en la Ley de Extranjería. Existen desde los años noventa y actualmente el Ministerio del Interior dispone de ocho  CIE en funcionamiento (Madrid, Barcelona, Valencia, Hendaya, Murcia, Algeciras-Tarifa, Las Palmas y Tenerife)   tras los recientes cierres de los centros de Fuerteventura (por desocupación) y de Málaga, en junio (por su insostenible estado arquitectónico). 

    Los CIE han sido siempre un agujero negro en nuestra sociedad, lugares donde se vulneraban cotidianamente los derechos humanos de las personas allí internadas, la mayor parte de las cuales no han cometido otro delito que el no tener autorización para residir en España o haberla perdido.

    Estos centros se rigen por un reglamento de 1999 y desde 2009, con la aprobación de la vigente Ley de Extranjería, se esperaba la redacción de un nuevo reglamento. Después de muchos años de trabajo, más de trescientas asociaciones agrupadas en la campaña "Que el derecho no se detenga a la puerta de los CIE” vienen exigiendo desde 2011 que dicho reglamento acabe con la situación de vulneración de derechos humanos, situaciones de malos tratos y muertes, deficiente atención sanitaria y oscurantismo que se dan en esos centros. No han sido sólo las asociaciones civiles las que vienen protestando hace décadas por la situación en los CIE, sino que en 2012 hemos visto como hacían pronunciamientos críticos el Consejo General de la Abogacía, diversos sectores judiciales y de la fiscalía o sindicatos policiales como el SUP. No sólo críticas en nuestro país, sino que España ha sido condenada, sólo en este año, por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en abril, por un caso en el CIE de Murcia, o por el Comité de Derechos Humanos de la ONU en octubre, por otro caso en el CIE de Madrid.

    En junio se dio a conocer el borrador del nuevo proyecto de reglamento del Ministerio de Interior, en el que pese a las múltiples recomendaciones de diversos sectores sociales, vuelve a hacer cambios cosméticos. Por ejemplo, cambia el nombre de CIE por el eufemismo Centros de Estancia Controlada de Extranjeros (CECE). Mientras mantiene el sistema de funcionamiento y vuelve a primar las cuestiones de control y seguridad, en detrimento de las condiciones de vida y derechos de los internos, que se ven apenas desarrollados. El Ministerio pretende que la dirección del centro siga en manos de la Policía Nacional, frente a la petición de las ONG de que su gestión pasara a manos de Asuntos Sociales. Además, el director gozaría de prerrogativas sobre aspectos que van más allá de las de seguridad policial y que incidirían sobre las condiciones de vida o las posibilidades de defensa o queja de las personas internas. Estas no contarían tampoco con un servicio garantizado de intérpretes y verían restringidas sus posibilidades de visita de familiares a sólo dos días semanales. Al tiempo, se dificultaría el acceso de ONG, sujeto a autorización previa gubernativa.

    El CIE de Murcia, desde los noventa hasta 2008, ha sido un ejemplo más de esta serie de hechos condenables: desde expulsiones sumarias a suicidios y denuncias de malos tratos. Ha recibido críticas en varias ocasiones del Defensor del Pueblo en sus informes anuales. En él se ha obstaculizado la labor de los abogados defensores e impedido el acceso a las ONG que lo han demandado en varias ocasiones. Por sus evidentes deficiencias, materiales y organizativas, fue cerrado en 2008 y volvió a abrir en 2010. A pesar de su reconstrucción y ampliación, de 60 a 148 plazas, las principales deficiencias criticadas siguen sin resolver y ya ha continuado recibiendo señalamientos críticos en el informe de 2011 de la Defensora del Pueblo.

    Mientras los CIE sigan siendo una realidad opaca a los ojos de la sociedad, se seguirán dando las condiciones para la arbitrariedad y el no respeto a los derechos humanos que hemos venido denunciando. No podemos cerrar los ojos ante esta injusticia. Los derechos humanos deben estar garantizados para todas las personas y la privación de libertad es completamente desproporcionada frente a la falta de autorización de residencia. Por eso exigimos que dichos centros sean cerrados.
    Manifestamos que la consecuencia de esta situación está en la apuesta por construir una “Europa fortaleza”, una política basada en el blindaje de fronteras, control marítimo, expulsiones, etc.…, invirtiendo decenas de millones en la Agencia Europea para el control de las Fronteras (FRONTEX), de los que ya conocemos el resultado: dejan a miles de personas en situación irregular; favorecen el tráfico ilegal de personas; y provocan la tragedia de más muertes en el mar.
    Hoy 18 de Diciembre, Día Internacional del Migrante, las organizaciones sociales A Desalambrar, Convivir sin Racismo, Murcia Acoge y SOS Racismo, exigimos el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros, el cese de las detenciones preventivas y controles selectivos hacia la población inmigrante y el final de una política europea de fronteras que favorece el tráfico de personas y empuja a la tragedia de más muertes en el mar. Y reclamamos la firma y ratificación de la Convención Internacional para los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familias.
    CIErralos
    Convivir sin Racismo,  Murcia Acoge, A Desalambrar, SOS Racismo
    18 de diciembre 2012
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    No se ha respetado el procedimiento establecido en la Ley de Extranjería, ni se ha posibilitado que potenciales personas refugiadas puedan solicitar asilo. En cambio, han sido entregados a un país que viola sistemáticamente los derechos humanos de las personas inmigrantes.


    El dilema planteado por el Gobierno español sobre no ceder al “chantaje de las mafias”, según palabras del Delegado de Gobierno de Melilla, o velar por los derechos de las personas llegadas a nuestro territorio, se ha resuelto a costa de las víctimas de esta situación. La entrega de 73, de las 83 personas inmigrantes que permanecían en la Isla de Tierra a las autoridades marroquíes, supone la vulneración de la Ley de Extranjería y la consiguiente violación de los derechos reconocidos en la mismas.

    La legislación obliga a estudiar de forma individual si cada una de las personas inmigrantes reunía los requisitos establecidos en la ley para acceder a territorio español, hecho que no se ha producido al resolver de forma colectiva sobre su suerte. Entre las diversas garantías que establece la ley se contempla la posibilidad de acceder a un abogado, a un intérprete y a la tutela judicial, así como a la identificación de perfiles vulnerables que no pueden ser expulsados por cuestiones de índole humanitaria o por tratarse de potenciales personas refugiadas o víctimas de trata. Más allá de los menores y la madres que no han sido expulsadas y, por tanto, acogidas en Melilla, dada la procedencia subsahariana de la mayoría las personas inmigrantes, las autoridades españolas deberían haber constatado, caso por caso, que no provenían de ningún país en conflicto o dónde se produzcan graves violaciones de los derechos humanos.

    En el mismo momento de la entrega de los inmigrantes por parte de la Guardia Civil a las autoridades marroquíes, ya estaban esperando los autobuses que Marruecos utiliza para expulsar a los inmigrantes subsaharianos a través de la frontera con Argelia, dónde son abandonados en mitad del desierto. Además, las fuerzas de seguridad marroquíes han sido denunciadas reiteradamente por las palizas y malos tratos que dispensan a las personas inmigrantes. Situación que podría haberse producido esta misma noche según la crónica del diario El País.

    Las políticas de control de flujos migratorios y de lucha contra las mafias no se pueden imponer sobre los derechos humanos de las personas inmigrantes, las principales víctimas de esta situación. El gobierno español está obligado a respetar la Ley de Extranjería y sus compromisos internacionales con la protección de los derechos humanos y el derecho de asilo, y no deben subordinarse nunca estos compromisos a un cálculo político de combate al “efecto llamada”. Una concepción de mano dura contra la inmigración irregular que ocasionó que en los primeros días de estancia en el islote, se retrasara de forma injustificada la asistencia humanitaria que necesitaban.

    Por esos motivos, las organizaciones firmantes están valorando la posibilidad de poner en conocimiento de los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos el asunto.


    Firman este comunicado: Andalucía Acoge, Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Asociación Elin y la Federación SOS Racismo.
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    Entidades Sociales de todo el país exigen una sanidad pública, universal y gratuita a todas las personas

    Las organizaciones creen que la reforma sanitaria es una medida discriminatoria y exigen a las Comunidades Autónomas que expliquen cómo atenderá a las personas inmigrantes en situación irregular. Felicitan a todos los profesionales sanitarios que han decidido no aplicar la nueva legislación.

    Andalucía Acoge, PICUM (Plataform for International Cooperation for undocumented Migrants), CEAR (Comisión española de Ayuda al Refugiado) , Federación SOS Racismo, Asociación Voluntariado Claver, Pueblos Unidos, Servicio Jesuita de las Migraciones (SJM – España), APDH-A (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía), Convivir Sin Racismo de Murcia, Foro Galego de la inmigración, la Federación de Mujeres Progresistas y Karibu exigen una sanidad pública, universal y gratuita para todas las personas, un derecho fundamental que debe ser garantizado por las administraciones públicas. Por eso, no entienden el Real Decreto Ley 16/2012 y el Real Decreto 1192/2012, que deniega la atención sanitaria a las personas inmigrantes en situación administrativa irregular (incluidas aquellas solicitantes de asilo que han sido rechazadas); y que sólo contemplan el acceso a la salud a través de servicios de urgencias, durante el embarazo, parto y posparto y a los menores de edad. Estas organizaciones creen que es una medida discriminatoria y que únicamente ayudará a extender un mensaje racista y excluyente.

    Dichas entidades se suman a las iniciativas de comunidades autónomas y profesionales del sector sanitario que han decidido no aplicar esta nueva legislación y han decidido atender a todas las personas que soliciten atención médica. Un compromiso valiente que se ha visto apoyado por múltiples campañas de organizaciones sociales y profesionales sanitarios en contra de la reforma sanitaria y que han contado con un amplio respaldo social.

    Teniendo en cuenta la transferencia de competencias en materia de sanidad a las comunidades autónomas, nos alegramos de la decisión de varias de ellas de recurrir o no aplicar las modificaciones incluidas en la reforma sanitaria. Nos parecen muy acertadas sus intenciones, aunque en muchas de ellas todavía no se han dado instrucciones claras a los profesionales sanitarios de cómo actuar cuando deban atender a personas en situación administrativa irregular. Por eso exigimos que la situación se deje lo más claro posible cuanto antes, ya que desde las entidades firmantes se teme que la atención sanitaria universal no se aplique en el día a día como debe.

    Preocupa también las consecuencias de la discriminación para la salud pública general. La falta de atención temprana de enfermedades y la imposibilidad –ante la nueva norma- de una política de prevención a toda la población pueden tener efectos indeseables en toda la sociedad que una vez más no están previstos en estas normas.

    Por otro lado, el Gobierno ha asegurado en los últimos meses que la reforma sanitaria se realizaba por motivos económicos. Teniendo en cuenta los numerosos estudios que han demostrado lo contrario, el cambio de discurso en los últimos días sobre las motivaciones que han llevado a la aplicación de la nueva legislación evidencia aún más su papel discriminatorio al no tener el Gobierno clara la finalidad de la misma. Por ese motivo, todas las organizaciones indicadas lamentan la reiteración por parte del Gobierno de mensajes acerca del supuesto abuso de las personas inmigrantes del sistema sanitario español, cuando esas afirmaciones han sido rebatidos una y otra vez por numerosos informes realizados, incluso, por órganos consultivos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Esos mensajes fomentan la exclusión a lo largo del estado español y pueden afectar a más derechos de las personas inmigrantes.

    Por eso exigimos una vez más una sanidad pública, universal y gratuita para todas las personas y felicitamos a todos aquellos profesionales sanitarios que garantizarán la cobertura sanitaria a las personas inmigrantes en situación irregular. 
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    8 motivos para la resistencia individual y colectiva frente a la exclusión de las personas inmigrantes en situación irregular de la atención sanitaria.

    El Congreso de los Diputados aprobó el pasado 17 de mayo con los únicos votos del Partido Popular la convalidación del Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril llamado de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.
    Médicos del Mundo hace un llamamiento a la objeción del personal sanitario. El decreto plantea importantes problemas éticos para profesionales de la Sanidad (personal médico, de enfermería, farmacia, administrativo, trabajo social…).

    continua leyendo pinchando en las RAZONES PARA LA OBJECIÓN CONTRA LA REFORMA SANITARIA




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    El Mediterráneo es un lugar de paso a Europa para muchas personas que buscan una vida mejor o cuya partida es la condición de su supervivencia. Algunos de ellos son rescatados en el mar en dramáticas circunstancias, sólo para ser bloqueados o expulsados a su llegada. Pero en la mayoría de los casos, los boat-people en peligro en el mar son dejados a la deriva o interceptados y rechazados a la orilla sur de los países del Mediterráneo.

    ......... sigue la campaña de Migreurop Boats 4 People: http://www.boats4people.org/index.php/es/inicio/494-mediterraneo-libre


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    La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFyC), la más representativa de atención primaria, anima a los médicos a objetar ante la retirada de la asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación irregular. Esta organización, con más de 20.000 asociados en toda España, considera que esta medida choca con sus principios éticos y vulnera el código deontológico médico en varios puntos, incluido el que dicta que estos profesionales deben “velar por el bienestar, la lealtad, la justicia y la autonomía del enfermo”. La SEMFyC anima a los médicos a seguir atendiendo a sus pacientes que estén en situación irregular y a declararse objetores para protestar contra esta ley. Debe prevalecer la lealtad al paciente.

    Cinco comunidades, Andalucía, Cataluña, País Vasco, Asturias y Comunidad Valenciana ya han anunciado su intención de seguir prestando asistencia sanitaria normalizada a las personas inmigrantes sin papeles.


    Se puede ver su posición en el documento 

    http://ep00.epimg.net/descargables/2012/07/11/e1723dbeee03a97c06cd0f7b8b11c00d.pdf


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    La Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento de Valencia, reclama que el nigeriano Austin Johnson sea devuelto a España para que el juez pueda investigar en debidas condiciones la denuncia por malos tratos por parte de los policías que lo condujeron durante el vuelo de deportación a Nigeria. En el hospital de Lagos certificaron “múltiples hematomas”.



    La deportación a Nigeria de Austin Johnson el pasado 1 de junio no sólo impidió que haya podido conocer a su hija Divine, nacida ocho días después, sino que le supuso tres días de hospitalización en  Lagos por el “trato brutal” a que fue sometido por los policías que supuestamente custodiaban la expulsión, según denunció Peggy Abiemwense, compañera de Austin y madre de Divine, el 22 de junio en el juzgado de instrucción nº 17 de Valencia. Austin sufrió “agresiones directas con medios contundentes” y al llegar a su país fue trasladado directamente al Omuja Medical Center de Lagos, donde se le apreciaron “múltiples hematomas en la cara, marcas en las muñecas, contusiones múltiples en el pecho”, “molestias generales en todo el cuerpo” y “dificultad de movimientos cervicales derivados de un dolor agudo”, según consta en la documentación aportada en la denuncia. Los médicos le curaron las heridas, le escayolaron el brazo izquierdo, le pusieron la antitetánica y a los tres días, le dieron el alta y le mandaron a un centro ambulatorio para recibir otros tratamientos.

    Sigue leyendo en: CIES NO
    Parte de lesiones hospital Lagos (Nigeria) 



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    Centros de internamiento de Extranjeros: Dos muertes sin respuesta
    28 junio 2012
    Cuando se cumplen seis meses de la muerte de Idrissa Diallo y de Samba Martine en los CIE de Barcelona y Madrid respectivamente, las sesenta entidades y plataformas abajo firmantes denunciamos que aún no se han depurado las responsabilidades penales, administrativas, o políticas por dichas muertes, ni se han esclarecido las circunstancias que las rodearon. Tampoco se han implementado las recomendaciones que realizó Defensor del Pueblo después de la visita al CIE de Barcelona tras la muerte de Idrissa, en las que insisten en que el CIE de Barcelona: “.... establezca un sistema de registro que permita dejar constancia de las solicitudes de asistencia médica de los internos, dotar al centro de asistencia sanitaria permanente y dicte instrucciones para que los partes de lesiones que se emitan a funcionarios e internos se remitan conjuntamente al juzgado de control del CIE, al de instrucción en funciones de guardia sin perjuicio de su remisión al juzgado de instrucción que controla su internamiento”.
    Idrissa Diallo, fue trasladado desde Melilla al CIE de Zona Franca de Barcelona, donde murió el pasado 6 de enero, a las dos de la madrugada. Los testigos afirman que se quejó de fuertes dolores y de problemas respiratorios en repetidas ocasiones, pero en un principio no fue atendido. Tampoco hubo servicio de traducción. Se pidió asistencia médica, pero cuando llegaron los servicios de urgencia, ya era demasiado tarde y sólo pudieron certificar su defunción.
    Samba Martine acudió hasta 10 veces a los servicios sanitarios del CIE de Madrid y sólo una de ellas tuvo asistencia en la traducción, para terminar falleciendo el 19 de diciembre de 2011, a los 38 días de internamiento, sin haber sido diagnosticada y habiendo recibido sólo tratamiento sintomático.
    Denunciamos que la deficiente atención médica en los CIE es generalizada. Así lo atestiguan tanto los numerosos testimonios recogidos por las organizaciones que intervienen en este ámbito, como instituciones tales como el Defensor del Pueblo o el Parlamento Europeo. Hemos de recordar que cuando el Estado priva de libertad a una persona, adquiere respecto de ella una posición de garante, que le obliga a velar por sus derechos fundamentales y muy especialmente por su vida y salud.
    Denunciamos, además, que el Anteproyecto de Reglamento de los Centros de Internamiento para Extranjeros, presentado por el Ministerio de Interior el pasado 11 de junio, lejos de desarrollar los mecanismos que garanticen los derechos de las personas internadas, viene a consolidar la falta de transparencia, la privación de derechos y las lamentables condiciones de encierro. Nuestra preocupación por estos aspectos fue transmitida la semana pasada ante el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura.
    Todo ello nos lleva a exigir, que del mismo modo que se acaba de cerrar definitivamente el CIE de Capuchinos en Málaga, debido al estado de ruina e insalubridad del edificio, sean cerrados el resto de CIE del Estado.
    En nuestra memoria se mantiene el recuerdo de Idrissa y de Samba y el interrogante de si se encontrarían hoy aquí, junto a sus familiares y amistades, si hubiesen recibido una atención médica adecuada. Samba, que dejó a una hija con 9 años, e Idrissa, de tan solo 21 años, tenían toda una vida por delante. Por ello seguimos exigiendo una profunda investigación de los hechos y la depuración de responsabilidades ante unos sucesos que no debieran volver a repetirse.


    Andalucía Acoge – Valencia Acoge - Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) - Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH) – Médicos del Mundo – Observatori del sistema penal i els drets humans (Barcelona) – Federación Estatal de asociaciones de SOS Racismo – Grupo Inmigrapenal – Karibu – Mugak – Convivir sin racismo (Murcia) – Foro Galego de Inmigración – Pueblos Unidos – Red de apoyo "Ferrocarril Clandestino" – Parroquia San Carlos Borromeo, Madrid – Cristianas/os de Base de Madrid - Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos – Campaña por el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros, “CIE’S NO”, Valencia - CEAR Valencia – CEAR Euskadi - Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados en España FERINE - Casa Argentina, Madrid – Comunidades Cristianas Populares – Grup de Recerca i Acció sobre fronteres i controls (GRAFIC) - Campanya pel Tancamente dels CIE de Barcelona - Fundación Acción Pro Derechos Humanos - Centro de defensa y estudio de los derechos humanos - HOAC - Africanos en Valencia – AVSA, Antifeixistes PV - Asociación Entreiguales - Asociación Martín Fierro - A.V. Natzaret - CEDSALA - Colectivo Desalambrando - Colectivo Roma (FERYP) - Psicólogos sin Fronteras - GAC (Grup d’Acció Comunitària) – Collectiu sense Papers - Foro Alternativo de la Inmigración – Jarit - Mesa d’Entitats de Solidaritat amb els Immigrants - Semàfor Roig – Sodepau - Colectivo Sur-Cacarica - Asociacion de chilenos y chilenas Violeta Parra - Asociacion cumbre eslava – Asociación Apoyo – Coordinadora de Barrios – Associación papeles y derechos para tod@s - Antigonia nexo informativo - Grupo de Acción Comunitaria - Futura (Convergència de las Culturas) - Iglesia Evangélica Española - Intersindical valenciana - Intersindical de la región murciana - Nexes interculturales de joves per Europa - Alia, Associació de Dones per la Recerca-Acció - Esclavitud XXI - Plataforma por la Inmigración de Molina de Segura - ACSUR Las Segovias.
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    El próximo miércoles 27 de junio tendrá lugar en el Centro Social Augestionado "El Trajín" a las 20:00 un acto informativo sobre la situación actual en los Centros de Internamiento de Extranjeros, en el que participarán diversas personas y colectivos que trabajan por la vigencia de los derechos humanos para las personas internadas en estos limbos jurídicos. También contaremos con información legal y sobre la redacción del nuevo Reglamento que está preparando el gobierno, así como con relatos de personas allí internadas.
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    La Plataforma “Que el derecho no se detenga a la puerta de los CIE” manifiesta su sorpresa e indignación ante el borrador de Reglamento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) presentado el lunes por el Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, a diputados del Congreso y medios de comunicación con ocasión de su visita al CIE de Madrid.

    Se trata de un texto de corte policial que no garantiza los derechos fundamentales de las personas internadas. El texto actual continúa atribuyendo todas las competencias y dirección de los CIE al Ministerio del Interior, aunque puede contratar atención médica y social con entidades privadas, como ocurre en la actualidad. El borrador prima las cuestiones de control y seguridad en detrimento de las condiciones de vida y derechos de los internos, apenas desarrollados en el Reglamento. Incluso en algunos aspectos claves de la vida de los CIE, el texto supone un retroceso en relación con la situación actual, como ocurre, por ejemplo, con las comunicaciones de las personas internadas con el exterior, las visitas, el acceso de organizaciones sociales o la posibilidad de presentar quejas al Juzgado de control del CIE. Además, el texto no recoge las recomendaciones sobre los CIE emitidas en los últimos años por el Defensor del Pueblo, ni la jurisprudencia ya aplicada de los Juzgados de control.

    La Plataforma no entiende cómo fueron convocadas hace dos meses por el Ministerio del Interior para participar con aportaciones concretas al nuevo reglamento y ahora se presenta un Anteproyecto que no recoge prácticamente  ninguna de sus observaciones y propuestas.

    El Ministro pretende acallar las críticas a los CIE criminalizando a los extranjeros privados de libertad en estos centros, que serían según Interior delincuentes en su práctica totalidad. Y utiliza un término policial “expulsiones cualificadas”, que incluye persones con procesos abiertos sin sentencia o con meros antecedentes policiales (multas de tráfico, por ejemplo). Es un perverso discurso porque criminaliza al extranjero y deshumaniza a quien alguna vez en su vida, quizá por sobrevivir, ha cometido algún delito menor. Es un discurso que además, no creemos, pues, por increíble que parezca en un Estado de Derecho, Interior no publica datos ni del número ni de las razones por las que las personas son retenidas en un CIE.

    La observación directa de quienes conocemos y visitamos los CIE nos dice otra cosa. En los CIE encontramos también familias separadas, víctimas de trata de seres humanos, personas enfermas, solicitantes de asilo, personas cuyas único delito ha sido buscar un futuro lejos del lugar donde han nacido.

    Para más información, las personas de contacto en Murcia son: Medinaceli Parrilla (Tel. 678235261) y Juan Guirado, (Tel: 646554479).

    A nivel Estatal: Mikel Mazkiaran, Presidente de la Federación Estatal de SOS Racismo  (tel.: 657793705) y Manmen Castellano, Presidenta de Andalucía Acoge (tel.: 670781051)
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    Ante la visita del Sr. Ministro de Interior y de la Comisión de Interior al CIE de Aluche hoy, martes 12 de junio. 

    El Ministro de Interior y diputados de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados han visitado hoy el CIE de Madrid. Probablemente les habrá parecido que no está tan mal. Lo habrán encontrado bastante limpio, la comida aceptable, los funcionarios policiales debidamente identificados…

    Nosotros les pedimos que no se queden ahí. Que sigan mirando. Miren el reducido espacio de las mujeres, imaginénse lo difícil que es desde ahí dentro ejercer el derecho de defensa, comunicarse con familiares y allegados ... ¿sabían que son frecuentes mujeres embarazadas, que hay a veces víctimas de trata, que se expulsa a posibles o potenciales solicitantes de asilo? ¿saben que en diciembre murió una mujer después de acudir en diez ocasiones al servicio médico sin que se le prescribiera una analítica de sangre? Son sólo ejemplos.

    Ojalá hubiesen podido mirar los ojos de esas personas, cuyo “delito” en muchos casos ha sido sólo buscar un mejor futuro lejos del lugar donde han nacido. Sin embargo, no han podido hablar con ninguna persona internada. De hecho, ni siquiera les han visto durante su visita. Les han hablado de un 80% de “expulsiones cualificadas”, pero se trata de un concepto policial mucho más amplio que personas con antecedentes penales y que criminaliza injustamente a la población de los CIE. Además, no les han dicho que muchas personas están en el CIE no para expulsión sino para devolución. Estas últimas son personas recién llegadas a nuestro país, la mayoría africanas, después de peligrosos viajes migratorios de meses y años. No han estado nunca en España ni por tanto, han cometido delito alguna, mas que ejercer su derecho a salir de su país por motivos múltiples.

    Por favor, sigan mirando. No se queden ahí. Actualmente el Ministerio prepara el Reglamento CIE a partir de un texto inicial de trabajo que esperamos haya reconsiderado, porque incidía en el modelo actual de primar el control y la seguridad por encima de las condiciones de vida y el respeto a los derechos de las personas allí privadas de libertad. De nuevo, queremos hacer llegar nuestra voz de alarma, que ya expresamos a través del informe entregado al Ministerio del Interior a finales de abril y que adjuntamos.

    Hemos sentido alegría al conocer la noticia ―tantos años esperada― del cierre del CIE de Málaga. Esperamos que el Ministerio avance en el camino de terminar con tanto sufrimiento innecesario e injusto.

    PLATAFORMA “QUE EL DERECHO NO SE DETENGA A LA PUERTA DE LOS CIE”
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    Convivir sin racismo se ha reunido hoy con el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, José Pablo Ruiz Abellán, para trasladar sus propuestas ante la preocupante situación y próxima regulación de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). La reunión de hoy es la primera de una serie en la que haremos llegar nuestras propuestas a diversas instancias gubernamentales, judiciales, de la abogacía y a la sociedad civil.

    En dicha reunión, hemos hecho entrega al Defensor del Pueblo del informe “Preocupaciones ante la Regulación de los Centro de Internamiento de Extranjeros” que hemos elaborado conjuntamente un grupo de organizaciones sociales que se reúnen en la plataforma “Que el derecho no se detenga a la puerta de los CIE”

    Somos organizaciones que desde hace años venimos interviniendo en las múltiples vertientes de los CIE: asesoramiento, análisis jurídico, acompañamiento humano, asistencia religiosa,  en lo sanitario. También desde la visibilización y  la denuncia. Hace aproximadamente un año decidimos unir nuestros esfuerzos para urgir a los responsables políticos que cumplieran con su deber de elaborar un Reglamento que garantizara los derechos de las personas internadas.  Somos asociaciones y personas que creemos y luchamos por otra forma de entender y gestionar la inmigración, mucho más humana y más justa, en la que nadie sea perseguido por el mero hecho de “no tener papeles”.  Mientras llega ese día, y ante la dramática realidad de los CIE, pedimos al Gobierno que en la elaboración del Reglamento CIE centre su atención en garantizar los derechos de las personas internadas.
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    Desde el año 2008, Women’s Link Worldwide presta asesoría jurídica especializada a mujeres víctimas o presuntas víctimas de trata de personas en los CIE.
    A raíz de este trabajo Women’s Link decidió documentar la situación de las mujeres internas en los distintos centros de internamiento del territorio español con los objetivos de visibilizar el impacto diferenciado que esta medida de privación de libertad tiene en las mujeres y de documentar las vulneraciones de derechos que sufren las mujeres en dichos centros.
    Esta investigación se realizo entre los años 2010 y 2012. Para ello se llevaron a cabo visitas a los Centros de Internamiento donde había mujeres internas, solicitando permiso para entrevistarse con las mujeres que estuvieran internas en el momento de la visita. Con el objetivo de conocer de manera más completa la realidad de las mujeres internas en los CIE, Women’s Link recopiló información de los diferentes agentes que entran en contacto con dichas mujeres o que tienen información sobre ellas. Por lo cual, se entrevistó a las organizaciones sociales que ofrecen asistencia y apoyo a las personas internas en los centros de internamiento.

    Madrid, 29 may (EFE).- El nuevo reglamento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) que prepara el Ministerio de Interior no contempla ninguna medida especial para las mujeres internadas, ni para las embarazadas o las víctimas de trata.
    Así lo ha advertido Women’s Link Worldwide (WLW), una organización especializada en “justicia de género” que ha presentado hoy un informe sobre la situación de las mujeres inmigrantes internadas en estos centros.
    Entre las deficiencias detectadas destaca la falta de información de las internadas, que no conocen su situación o sus derechos, no tienen contacto con sus abogados y no son escuchadas cuando denuncian ser víctimas de trata con fines sexuales.
    De hecho, según WLW, ha interpuesto una demanda contra el Estado español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no haber atendido la denuncia y petición de asilo de una mujer latinoamericana, supuestamente víctima de trata y que iba a ser deportada a su país.
    WLW es una de las organizaciones a las que el Ministerio de Interior ha informado sobre los avances en la elaboración del reglamento que regirá el funcionamiento de estos centros de retención de inmigrantes irregulares en proceso de expulsión.
    “No tenemos copia del borrador, pero por las palabras del responsable del ministerio que nos informó deducimos que no va a haber nada referente a las condiciones y necesidades específicas de las mujeres”, ha asegurado hoy la directora ejecutiva de WLE, Viviana Waisman.
    El informe “Mujeres en los Centros de Internamiento de Extranjeros: Realidades entre rejas” realizado por la organización pone de manifiesto las carencias, discriminaciones e indefensión que sufren las inmigrantes retenidas en centros de toda España.
    “Confiamos en que el informe llegue a tiempo para influir en la elaboración del reglamento y que las cuestiones de género sean tenidas en cuenta”, ha apuntado la responsable de WLW.
    El estudio, que analiza las condiciones de los 10 CIE de toda España, ha sido elaborado gracias a entrevistas personales con 45 mujeres internadas, la colaboración de varias ONG de apoyo a las internadas y entrevistas con los jueces de control, las autoridades y el Ministerio de Interior.
    El informe pone de manifiesto que en los CIE “se vulneran sistemáticamente los derechos de las mujeres”, ha subrayado Waisman, quien ha destacado las violaciones del derechos a la salud y la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.
    Así, no existen condiciones y atención específica para mujeres embarazadas, no se garantiza el acceso a medicamentos o tratamientos médicos en curso y “lo más dispensado son los tranquilizantes”, incluso para mujeres en proceso de desintoxicación.
    A parte del “lamentable” estado de los centros -la mayoría de los cuales no ha sido habilitado para su actual función- WLW también ha detectado que las mujeres suelen tener instalaciones más pequeñas y peor equipadas que los hombres, que disfrutan de menos tiempo en el patio y, en algunos casos, son las responsables de la limpieza de sus propios módulos.
    “Pero lo peor es la privación de libertad total y absoluta a la que son sometidas sin ningún tipo de información”, ha subrayado Helena Maleno, experta en temas de inmigración y una de las responsables del informe.
    Maleno, quien ha realizado visitas a diversos CIE y se ha entrevistado con numerosas reclusas ha destacado la “tremenda vulnerabilidad de unas mujeres que no saben dónde están, por qué están detenidas, por cuánto tiempo o que va a ser de ellas, y cuando preguntan, nadie les dice nada”.

    En el informe vienen apartados dedicados a los diez centros de internamiento, entre ellos el de Murcia. Para consultarlo:
    http://www.womenslinkworldwide.org/wlw/new.php?modo=detalle_proyectos&dc=57
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