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Blog de Convivir Sin Racismo (asociación murciana)

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    CONCENTRACIÓN 20:00 HORAS

    Frente a Delegación del Gobierno, Murcia


    NO A LA LEY MORDAZA

    POR EL CIERRE DE LOS CIE

    CONTRA LAS DEVOLUCIONES MASIVAS EN LAS FRONTERAS

    CONTRA LA EXCLUSIÓN SANITARIA


    El próximo jueves 18 de diciembre se conmemora el Día Internacional del Migrante. No se trata de un día de conmemoración ni de celebración festiva, pues tenemos múltiples motivos para estar preocupados por las leyes y prácticas que privan a las personas migrantes de su derecho a vivir y trabajar en condiciones dignas.

    Buena muestra de ello son las continuas noticias que nos llegan, tanto de los difíciles y trágicos viajes migratorios, como del empeoramiento de sus condiciones de vida en los mal llamados “países de acogida”, y del endurecimiento de las legislaciones que afectan a la población migrante.

    Con respecto al viaje migratorio, continúa el trágico goteo de más muertes en el Mediterráneo en su intento por llegar a Europa. En el informe de septiembre de la OIM, la Organización Internacional de las Migraciones desde Washington, se muestra que, en lo que va de 2014, cerca de 4.000 personas han muerto en todo el mundo mientras trataban de huir de la situación de sus países de origen. La zona que concentra más muertes es el Mediterráneo, donde fallecieron tres cuartas partes del total, cerca de 3.100 personas, cuando intentaban llegar a las costas europeas; una cifra cuatro veces mayor que la del año pasado, lo que convierte al viejo continente en el destino más trágico para las personas migrantes. La penúltima tragedia frente a nuestras costas culminó el pasado 7 de diciembre cuando desde Salvamento Marítimo, en la costa de Cabo de Gata, dieron por muertos a los 23 inmigrantes que cayeron al mar desde la patera en la que viajaban, informando que en el grupo había varias madres embarazadas y al menos 7 bebés. Situaciones parecidas también son observables en las vallas que rodean el perímetro fronterizo en Ceuta y Melilla, donde asistimos a escenas televisivas que muestran una crueldad e insensibilidad policial y gubernamental en aumento.

    Declaraciones como las últimas realizadas por el ministro de Interior, en las que menospreciaba los reparos que se ponen a sus políticas desde organismos humanitarios europeos y centenares de asociaciones españolas, son buena prueba de ello. En efecto, el 11 de diciembre el Congreso de los Diputados aprobó la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, con el único apoyo del PP. La Ley Mordaza, como se la conoce, incluye entre otros recortes a nuestra libertad y derechos, una propuesta de legalizar las expulsiones automáticas y colectivas de inmigrantes que llegan a Ceuta y Melilla, una medida injusta e ilegal según el derecho internacional. Ello es así porque, inevitablemente, elimina protecciones fundamentales de los derechos humanos por las que la comunidad internacional ha luchado arduamente desde la Segunda Guerra Mundial y que España se comprometió a cumplir, como el derecho al asilo. Además, en el resto de España, también plantea otras medidas punitivas para todas aquellas personas que, movidas por convicciones altruistas, puedan pensar en acoger y socorrer en sus domicilios o de cualquier otro modo a las personas extranjeras en situación irregular, actitudes solidarias que a partir de ahora podrán ser sancionadas por multas gubernativas de hasta 10.000 €.

    Seguimos contemplando con creciente preocupación cómo se mantiene todavía por parte del gobierno la vergonzosa exclusión sanitaria de las personas extranjeras en situación irregular, lo que pone en grave riesgo su derecho a la salud, y no lo olvidemos, el derecho a la salud de toda la población residente en España, de todos y cada uno de nosotros y nosotras. También estamos horrorizados por la situación que viven miles de personas migrantes en los Centros de Internamiento de Extranjeros. En nuestra ciudad hay uno de los siete que existen en España y somos testigos diarios de la situación que viven las personas victimas de unas políticas migratorias que permiten que se persiga a las personas en la calle y se las lleve al CIE, máxime cuando mas de un 50% de las personas no son expulsadas, cuando algunos son menores de edad, otros están enfermos o siguiendo algún tratamiento que no pueden facilitarles en esas instalaciones,... Es por eso que seguimos manifestando nuestra convicción de que estos lugares, donde se vulneran los derechos humanos, deben ser cerrados de inmediato.
    La movilización ciudadana puede detener estas leyes, esta situación injusta y cruel. Por eso te pedimos que acudas a esta concentración. Es el momento de actuar en favor de nuevas políticas migratorias que respeten los derechos y dignidad de los migrantes!

    Por todo ello desde Convivir Sin Racismo os proponemos que nos acompañéis en una concentración de protesta frente a la Delegación del Gobierno de Murcia, el próximo jueves 18 de diciembre, a las 20h

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    Más de un centenar de Organizaciones No Gubernamentales, entidades y movimientos sociales de todo el Estado español, entre las que se encuentra CONVIVIR SIN RACISMO, hemos presentado en el Congreso de Diputados un manifiesto solicitando la retirada inmediata de la enmienda al proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana prevista para reformar la Ley de Extranjería y dar cobertura legal a las prácticas ilegales de devolución de personas en la frontera sur hispano-marroquí, comúnmente conocidas como “devoluciones en caliente”.



    El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha introducido una enmienda al Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana con el fin de reformar la ley de Extranjería y dar cobertura legal a las denominadas “devoluciones en caliente”, a pesar de ser contrarias a nuestra Constitución, al Derecho comunitario y al Derecho internacional de los derechos humanos.

    Dichas prácticas, consistentes en la entrega a Marruecos por la vía de hecho, al margen de los procedimientos legalmente establecidos y sin cumplir las garantías internacionalmente reconocidas, de personas interceptadas en territorio de soberanía nacional, han conmocionado a la opinión pública nacional y manchado la imagen internacional de España. Han sido cuestionadas públicamente con dureza por instituciones como el Defensor del Pueblo, el Consejo General de la Abogacía Española, asociaciones de jueces y fiscales, la Conferencia Episcopal Española, juristas de reconocido prestigio, por la Comisión Europea, así como por organismos internacionales como el Consejo de Europa, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y otros organismos de protección de los derechos humanos. Esta unanimidad en la crítica debería hacer reflexionar a sus señorías sobre el despropósito de semejante enmienda. Conviene no olvidar que, además, estas prácticas han dado lugar a la imputación penal de altos cargos civiles y militares.

    A pesar de todo ello, el Ministerio del Interior, a través del Partido Popular en el Congreso, pretende legalizar tales prácticas reformando la Ley de Extranjería mediante de una enmienda a otra ley en un avanzado estado de tramitación: el Proyecto de Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana –que a su vez constituye un intolerable intento de cercenar derechos civiles y libertades públicas, criminalizando la protesta social-. Este modo de proceder constituye un auténtico fraude en cuanto excluye la posibilidad de dictamen de los órganos constitucionales e impide el debate político, jurídico y social de una reforma de tan hondo calado, demostrando el nulo talante democrático de sus promotores.

    En cuanto al contenido, dicha enmienda no debe prosperar por suponer una vulneración de la Constitución, del Derecho comunitario y de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, especialmente en lo que se refiere al ejercicio del derecho al asilo y protección subsidiaria, la prohibición de expulsiones colectivas, el principio de no devolución y los derechos de protección del menor. La entrega a Marruecos de ciudadanos extranjeros por la vía de hecho, sin audiencia, sin identificación, sin resolución individualizada, impide el ejercicio de derechos reconocidos internacionalmente. Además de conllevar el riesgo cierto de incremento de la violencia en la Frontera Sur, supone dinamitar uno de los pilares del Estado de Derecho: el sometimiento de la Administración a la ley y la posibilidad de control judicial de su actuación.

    Diputados y Diputadas, Senadores y Senadoras, apelamos a su humanidad. Defiendan los derechos humanos y el cumplimiento de la legalidad internacional. No acompañen al Ministerio del Interior en esta huida hacia delante que compromete la dignidad moral de nuestra sociedad, nos aleja de la civilización y nos despeña por la pendiente de la barbarie. Paren la reforma de la Ley de Extranjería.

    A excepción del PP y UPyD todos los demás partidos con representación parlamentaria
    han estado presentes en el acto de la puerta del Congreso.

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    Convivir Sin Racismo imparte una charla sobre la situación de los Centros de Internamiento de Extranjeros en España con especial referencia al CIE de Murcia.

    Esta actividad se realiza dentro de la programación del Centro Social Ocupado EL RETAL, en sus Jornadas Anticarcelarías, el viernes 14 de noviembre, a las 19,30h.

    Mas información: https://csoaelretal.wordpress.com/


    cartel informativo

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    Diversas organizaciones solidarias y por la defensa de los derechos humanos están sumando iniciativas por rechazo a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, la Ley Mordaza, que el Gobierno y el Grupo Popular en el Congreso quieren aprobar.

    La Ley mordaza es un ataque directo y desproporcionado al Estado Social y Democrático de Derecho, reconocido en el artículo primero de la Constitución Española, atentando contra los pilares básicos de nuestra Democracia. El Gobierno calla y silencia que el contenido fundamental del articulado va dirigido a obstaculizar y sancionar gravemente el derecho a la libertad de expresión y de reunión, puesto que 27 de 58 infracciones están directamente relacionadas con el derecho que tenemos los ciudadanos y ciudadanas a expresar nuestra opinión y hacer valer nuestras ideas en la calle y en las plazas, ese espacio público que es de toda la ciudadanía.

    Además, el Grupo Popular ha introducido una enmienda al Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, a través de la cual pretende cambiar la Ley de Extranjería, que podría conducir a devoluciones automáticas y colectivas de personas migrantes y refugiadas en las fronteras de Ceuta y Melilla. Con esta enmienda, el gobierno y el grupo popular no sólo están vulnerando sus obligaciones internacionales: están dando un portazo a las personas migrantes y refugiadas.

    Amnistia Internacional ha puesto en marcha una acción: España: ¡Portazo a las personas refugiadas y migrantes! Otro motivo más contra la Ley de Seguridad Ciudadana. Pidiendo nuestra implicación dando un #PORTAZOALGOBIERNO

    ¡No permitas que Ministerio del Interior y el Grupo Popular en el Congreso den un portazo a las personas refugiadas y migrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla! .... ACTÚA


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    Una traducción literal de la expresión latina Mos Maiorum podría ser “las costumbres de nuestros mayores”. Si nos detenemos a pensar cuáles son esas “costumbres” que “nuestros mayores” nos dejaron, en este país que ha vivido históricamente tanto la realidad de los que llegaron a nuestra tierra como la de los que se tuvieron que ir, nos vienen a la mente valores como acogida, hospitalidad, actitud de servicio y disponibilidad para el que llegaba hasta la puerta de nuestra casa con una necesidad.

    Mos Maiorum, irónicamente, es también el nombre que el Consejo Europeo ha decidido darle a su nuevo operativo continental de captura de personas migrantes. El supuesto objetivo, expresado en el documento oficial compartido por los medios, es “recopilar información relevante con el fin de investigar y desarticular grupos de crimen organizado”. A lo largo de la semana, España ha confirmado su participación en el operativo sin dar más información ni señalar los procedimientos que seguirá este operativo policial en nuestro país.

    Huyendo de la traducción literal, Mos Maiorum era entendido en la antigua Roma como el conjunto de leyes que una persona debía de observar dentro de la sociedad romana. Desde ese mismo respeto a la ley, y con la precaución y las sospechas que el precedente que otras operaciones similares como Perkunas (2013), Aphrodite (2012), Balder (2012) o Demeter (2011) han dejado, las asociaciones y colectivos abajo firmantes

    EXIGIMOS al Ministerio del Interior:

    • El absoluto respeto a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, y muy especialmente de las personas migrantes, con independencia de su situación administrativa, garantizando su seguridad jurídica y personal, que no van a ser sometidos a identificaciones ni detenciones arbitrarias y que bajo ningún concepto se van a aplicar criterios de perfil racial o étnico.

    • La mayor transparencia en la gestión del operativo que por su grave afectación de derechos fundamentales tiene que ser objeto de control judicial y escrutinio público como garantía democrática de que las operaciones de seguridad se realizan sin menoscabo de la libertad de los ciudadanos.

    Desde los colectivos firmantes, animados por la Declaración de los Derechos Humanos que reconoce el “derecho de toda persona a disfrutar de un nivel de vida adecuado y la obligación de comportarnos fraternalmente”

    DENUNCIAMOS:

    • Que la actual política de cierre y control de fronteras ejercida por el Ministerio del Interior y amparada por Europa obliga a los refugiados y a los migrantes a elegir rutas cada vez más peligrosas que les somete a situaciones de mayor vulnerabilidad.

    • Que los instrumentos de control, como la operación Mos Maiorum, son utilizados para justificar redadas con un claro perfil racial (absolutamente ilegales según la legislación española) que criminalizan a las personas migrantes al ser sometidas a identificaciones y detenciones en lugares públicos. Afectando a su dignidad personal y conculcando sus derechos fundamentales.

    • Que las políticas de gestión de las fronteras exteriores de la Unión generan 8 muertes diarias tan solo en la FRONTERA SUR, así como un número importante de heridos.

    Así mismo, las asociaciones y colectivos firmantes, informamos que a lo largo de los 13 días previstos que dure el operativo estaremos realizando labores de vigilancia y observación de los Derechos Humanos así como denunciando públicamente cualquier atentado contra los mismos que pudiera darse durante dicha operación: Mos Maiorum.

    Madrid 13 de Octubre de 2014

    Coordinadora de Barrios
    SoS Racismo Madrid
    Red Acoge
    Por un Mundo + Justo
    Colla Xicalla
    Asociación Apoyo
    Coordinadora de Barrios de Murcia
    Psicólogos sin Fronteras
    Brigadas Vecinales Observación DD.HH.
    CGT
    Convivir sin Racismo
    Asociación Integrando
    SoS Racismo Guipuzkoa
    Foro Galego de Inmigración
    Andalucía Acoge
    InmigraPenal
    Red Interlavapies
    Colectivo Agar
    Madres Unidas contra la droga
    Círculo Podemos Inmigrantes Madrid
    Pueblos Unidos
    CP San Carlos Borromeo
    Asociación Madres contra la Represión
    Cristianos y Cristianas de Base de Madrid
    Centro de Defensa y Estudio de DD.HH.
    Cerremos los CIE – Ferrocarril Clandestino
    Karibu Amigos del Pueblo Africano
    Asociación La Tavaya
    As. Vecinal “Madre de Dios”
    As. Desarrollo Comunitario “Buenos Aires”
    Movimiento ATD Cuarto Mundo
    Valencia Acoge
    Asociación civil Jarit
    Campaña CiEsNo
    Fundación Acción Pro Derechos Humanos
    Centro Documentación Contra la Tortura

    Asociación sin Papeles de Madrid
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    La Organización Internacional de las Migraciones OIM ha publicado el informe  “Viajes fatales: seguimiento a las vidas perdidas durante la migración”, Fatal Journeys: Tracking Lives Lost During Migration, que hasta la fecha constituye el cálculo más completo del mundo respecto a la muerte de migrantes en viajes terrestres y marítimos.

    El estudio, elaborado como parte del Proyecto de Migrantes Desaparecidos de la OIM, revela que Europa es el destino más peligroso del mundo para la migración irregular, y que este año cobró la vida de más de 3.000 migrantes.

    Los cálculos basados en incidentes compilados por The Migrant Files, un proyecto conjunto realizado bajo los auspicios de Journalism++, sugieren que más de 22.000 migrantes han perdido la vida desde 2000, sobre todo en travesías arriesgadas a través del Mar Mediterráneo.
    No obstante, el verdadero número de víctimas mortales podría ser mucho mayor pues en la elaboración del informe se utilizan datos estadísticos compilados por los gobiernos y otras agencias, así como organizaciones no gubernamentales y fuentes de medios de comunicación, pero la recopilación de información sobre la muerte de migrantes nunca ha sido una prioridad para la mayoría de gobiernos del mundo. A pesar de que se invierten sumas considerables en la recopilación de información sobre migración y control fronterizo, muy pocas agencias recaban y publican información sobre la muerte de migrantes.
    Muchas muertes ocurren en regiones remotas del mundo y nunca se registran. En la actualidad, ninguna organización del mundo se dedica a monitorear sistemáticamente el número de muertes que se producen.

     “La paradoja es que, en un momento en que una de cada siete personas en el mundo es un migrante, la respuesta del mundo desarrollado ante la migración es sumamente severa”, enunció el Director General de la OIM, Embajador Swing.

    “Debido a lo limitado de las oportunidades para una migración segura y regular, los posibles migrantes caen en manos de traficantes, lo que alimenta un comercio sin escrúpulos que amenaza la vida de personas desesperadas. Debemos poner fin a este ciclo. Los migrantes indocumentados no son delincuentes; son seres humanos que necesitan de protección y asistencia y que merecen respeto”, agregó el Director General.

    Para obtener una copia del informe, por favor dirigirse a:http://www.iom.int/files/live/sites/iom/files/pbn/docs/Fatal-Journeys-Tracking-Lives-Lost-during-Migration-2014.pdf

    Para obtener más información estadística de The Migrant Files, por favor dirigirse a:https://www.detective.io/detective/the-migrants-files/
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    Cuando se cumplen dos años de la entrada en vigor del RDL 16/2012, sesenta y tres organizaciones y plataformas de los ámbitos social, profesional y científico, denuncian los impactos del mismo y el incumplimiento por parte del Gobierno Español de la legislación internacional de derechos humanos.

    En Abril de 2012 el Gobierno aprobó el Real Decreto Ley 16/2012, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones (en adelante RDL). Con este RDL la asistencia sanitaria dejó de ser un derecho de todas las personas, y pasó a ser una prestación vinculada a la condición administrativa de asegurado. Además se restringen ciertas prestaciones y se aumenta la carga económica directa para las personas. Dos años después el balance no puede ser más negativo: 

    Tras la aplicación del RDL, al menos 873.000 personas en España perdieron el derecho a la asistencia sanitaria, según cifras del propio Gobierno. Hablamos de una población especialmente vulnerable y que debería gozar de medidas de protección sociosanitarias. Hay que apuntar además, que se trata de un colectivo que, al igual que todo ciudadano viene contribuyendo a su financiación mediante los impuestos.
    La diferente aplicación del RDL por las Comunidades Autónomas (CCAA) y la disparidad de criterios en la aplicación de la normativa por parte de los centros sanitarios ha deteriorado aún más la cohesión territorial en el Sistema Nacional de Salud, y ha convertido el acceso a la atención sanitaria en un auténtico laberinto administrativo. 

    Incluso en aquellos supuestos en los que el RDL reconoce el derecho a la atención (embarazadas, menores, atención de urgencias...) se han originado numerosos casos de desatención, sin que, hasta la fecha, se haya tomado ninguna iniciativa para atajar estos incumplimientos.
    • El desplazar la atención a las urgencias (si ésta se logra) genera retraso diagnóstico y agravamiento de las patologías, lo que supone un aumento del gasto sanitario para su atención. Estudios en otros países han demostrado que medidas de exclusión sanitaria similares han generado un gasto hasta cuatro veces mayor del que costaría con una atención inclusiva. 
    • La exigencia de firma de compromisos de pago, la facturación indebida de la atención en urgencias y otros impedimentos para el acceso al sistema sanitario, han generando un efecto disuasorio y una ruptura de la continuidad asistencial, que está poniendo en grave riesgo la salud y la vida de las personas, tal como organizaciones medicas han evidenciado en los fallecimientos de Alpha Pam en Mallorca, Soledad Torrico en Valencia y Janneth Beltrán en Toledo. 
    • A pesar de que algunas CCAA emitieron instrucciones para asegurar asistencia sanitaria para toda la población en los supuestos de salud pública, el citado RDL sienta las bases para que se produzca un retroceso en los programas de prevención, vigilancia y control de enfermedades tanto transmisibles como no transmisibles. Las dificultades de acceso de sectores de población a las medidas propuestas para evitar la aparición de nuevos casos y/o el control de brotes epidémicos (vacunación, quimioprofilaxis o inmunoprofilaxis, aislamiento, diagnóstico o tratamiento), tiene repercusiones no sólo en el ámbito individual sino también en la salud colectiva. 
    • En un contexto de incremento de la desigualdad económica (en los cuatro años iniciales de la crisis, la desigualdad en los ingresos creció en la misma medida que se había logrado reducir en los veintidós años previos) el encarecimiento del acceso a determinadas prestaciones y medicamentos, y la exclusión sanitaria de las personas más vulnerables, provocados por la promulgación del RDL, ha generado un incremento relevante de las desigualdades en salud, como empieza a demostrarse en algunas CCAA. Está demostrado que el incremento en la desigualdad de ingresos produce un aumento de problemas de salud, un peor uso de los medicamentos y un incremento general del sufrimiento. 
    • Resulta preocupante el posible impacto de género del RDL, dados los crecientes obstáculos que están encontrando las mujeres migrantes a quien es se les ha retirado la tarjeta sanitaria, lo que dificulta la detección de casos de violencia de género, así como la adecuada asistencia en casos de violencia sexual. En el caso de las víctimas de trata de seres humanos se limita el acceso a quienes se les otorga el periodo de restablecimiento y reflexión, mientras que a la mayoría no se les reconoce el derecho a la asistencia sanitaria. De igual manera, conviene recordar que son las mujeres el colectivo mayoritariamente afectado por la desigualdad económica. 
    • Varios organismos de Naciones Unidas y del Consejo de Europa han subrayado que esta reforma contraviene estándares internacionales de derechos humanos. Han dirigido numerosas recomendaciones al Gobierno español instándole a garantizar el acceso a la atención sanitaria de las personas migrantes, independientemente de su situación administrativa. Asimismo, le han pedido que evalúe el impacto de la reforma sanitaria en términos de derechos humanos, y le han recordado que las normas de derechos humanos no pueden ser ignoradas por las presiones fiscales. Hasta la fecha el Gobierno no ha cumplido ninguna de estas recomendaciones. 
    • Por su parte, el Tribunal Constitucional en dos autos afirma que “el derecho a la salud y el derecho a la integridad física de las personas afectadas..., así como la conveniencia de evitar riesgos para la salud del conjunto de la sociedad, poseen una importancia singular en el marco constitucional, que no puede verse desvirtuada por la mera consideración de un eventual Ahorro económico que no ha podido ser concretado”. Efectivamente, antes de implantar el RDL no se analizó ni comunicó con claridad el ahorro que iba a suponer y hasta la fecha no se ha publicado ningún cálculo al respecto.
    Ante esta situación instamos al Gobierno de España a derogar el RDL 16/2012, y elaborar una nueva Ley de Sanidad:
    1. Que nazca de un amplio consenso con las diversas fuerzas políticas, organizaciones sociales y sociedades científicas 
    2. Que establezca las condiciones para un Sistema Nacional de Salud, universal, de calidad, y sostenible sobre la base de una gestión eficiente, eficaz y transparente. 
    3. Que garantice el derecho a la protección y promoción de la salud establecido en la Constitución Española, y el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud, tal y como es definida por la Organización Mundial de la Salud: completo estado de bienestar físico, psíquico y social y no solo la ausencia de enfermedad, como marco de las políticas, planes y estrategias de salud y base del modelo integrador bio-psico-social de atención a la persona enferma, derecho también recogido en el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales ratificado por España.
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