No se ha respetado el procedimiento establecido en la Ley de Extranjería, ni se ha posibilitado que potenciales personas refugiadas puedan solicitar asilo. En cambio, han sido entregados a un país que viola sistemáticamente los derechos humanos de las personas inmigrantes.
El dilema planteado por el Gobierno español sobre no ceder al “chantaje de las mafias”, según palabras del Delegado de Gobierno de Melilla, o velar por los derechos de las personas llegadas a nuestro territorio, se ha resuelto a costa de las víctimas de esta situación. La entrega de 73, de las 83 personas inmigrantes que permanecían en la Isla de Tierra a las autoridades marroquíes, supone la vulneración de la Ley de Extranjería y la consiguiente violación de los derechos reconocidos en la mismas.
La legislación obliga a estudiar de forma individual si cada una de las personas inmigrantes reunía los requisitos establecidos en la ley para acceder a territorio español, hecho que no se ha producido al resolver de forma colectiva sobre su suerte. Entre las diversas garantías que establece la ley se contempla la posibilidad de acceder a un abogado, a un intérprete y a la tutela judicial, así como a la identificación de perfiles vulnerables que no pueden ser expulsados por cuestiones de índole humanitaria o por tratarse de potenciales personas refugiadas o víctimas de trata. Más allá de los menores y la madres que no han sido expulsadas y, por tanto, acogidas en Melilla, dada la procedencia subsahariana de la mayoría las personas inmigrantes, las autoridades españolas deberían haber constatado, caso por caso, que no provenían de ningún país en conflicto o dónde se produzcan graves violaciones de los derechos humanos.
En el mismo momento de la entrega de los inmigrantes por parte de la Guardia Civil a las autoridades marroquíes, ya estaban esperando los autobuses que Marruecos utiliza para expulsar a los inmigrantes subsaharianos a través de la frontera con Argelia, dónde son abandonados en mitad del desierto. Además, las fuerzas de seguridad marroquíes han sido denunciadas reiteradamente por las palizas y malos tratos que dispensan a las personas inmigrantes. Situación que podría haberse producido esta misma noche según la crónica del diario El País.
Las políticas de control de flujos migratorios y de lucha contra las mafias no se pueden imponer sobre los derechos humanos de las personas inmigrantes, las principales víctimas de esta situación. El gobierno español está obligado a respetar la Ley de Extranjería y sus compromisos internacionales con la protección de los derechos humanos y el derecho de asilo, y no deben subordinarse nunca estos compromisos a un cálculo político de combate al “efecto llamada”. Una concepción de mano dura contra la inmigración irregular que ocasionó que en los primeros días de estancia en el islote, se retrasara de forma injustificada la asistencia humanitaria que necesitaban.
Por esos motivos, las organizaciones firmantes están valorando la posibilidad de poner en conocimiento de los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos el asunto.
Firman este comunicado: Andalucía Acoge, Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Asociación Elin y la Federación SOS
