25 marzo. MANIFIESTO POR EL CIERRE DEL CIE DE SANGONERA LA VERDE (MURCIA)
marzo 29, 2017
Los Centros
de Internamiento de Extranjeros, conocidos como los CIE, son
establecimientos públicos no penitenciarios donde se encierra a personas
extranjeras por orden judicial, cautelar y preventivamente, que carecen de
documentación legal para residir en el país o haberla perdido y se encuentran
sometidas a expedientes de expulsión del territorio español. Aunque hay lugares
de detención similares desde la entrada en vigor de la primera ley de
Extranjería de 1985, su existencia quedó reglada por una orden ministerial en
el año 1999. Su funcionamiento y régimen interior no se completaron
hasta la regulación aprobada por el Gobierno de España en el del
Real Decreto 162/2014, que entró en vigor el 16 de marzo de 2014. En la
actualidad, los centros existentes en España son siete, uno de ellos en
Sangonera la Verde, justo aquí al lado, en el municipio de Murcia.
Desde la Directiva Europea sobre políticas migratorias y control de
fronteras de 2008, la conocida como directiva
de la vergüenza, las personas extranjeras en espera de su posible
deportación pueden permanecer encerradas en España hasta un máximo de 60 días.
No obstante, desde la Comisión Europea, en concreto su comisario de Inmigración,
se ha pedido recientemente a los Estados mayor contundencia con las expulsiones
de personas irregulares, incluidas menores no acompañados, así como la
ampliación en los períodos de detención hasta el máximo permitido, es decir 6
meses. Con ello se han plegado a los dictados de los grupos eurófobos y a los
discursos de la extrema derecha europea contra los inmigrantes.
Recordamos que la
privación de libertad por estancia irregular en los CIE confronta con los
derechos a la libertad y a la seguridad personal proclamados en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos. En concreto, la detención en los CIE ha sido
denunciada por tratarse de una medida legislativa desproporcionada e
incompatible con la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación Racial.
Alertamos que el funcionamiento de los CIE está marcado a diario por unas instalaciones
deficientes, por la falta de preparación del personal policial que custodia a los internos, por carencias de
todo tipo en atención sanitaria, psicológica o social, por la no
aplicación efectiva de la tutela y las decisiones de los juzgados de
vigilancia, siempre condicionadas a las decisiones policiales en aras de la
“seguridad”. Desde hace años persisten las denuncias por su funcionamiento,
trágicamente puestas de manifiesto con muertes, como las de Samba Martine en el
de Aluche (Madrid) en 2011 o Idrissa Diallo en el de Barcelona en 2012. También
con la violencia, malos tratos y un oscurantismo que han merecido ser
denominados como agujeros negros o guantánamos españoles, donde la dignidad
y los derechos humanos quedan fuera de sus rejas.
Afirmamos que, ante la vulneración, limitaciones y faltas de garantías
enumeradas en distintos informes de organizaciones sociales de defensa de los derechos
humanos, de la propia Oficina del Defensor del Pueblo y de autos judiciales de
control de los CIE, las personas allí detenidas no reciben un trato digno y
humano que respete sus derechos fundamentales. Como tampoco se
ajusta a las exigencias establecidas en el reglamento de su funcionamiento y
régimen interior, como al Derecho internacional, entre ellos la Carta de los
Derechos Fundamentales de la UE y a las normas establecidas por el Comité para
la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, para la prevención de los
malos tratos de las personas privadas de libertad en Europa
Cuestionamos la
viabilidad y funcionamiento de los CIE pues, junto a las recurrentes
denuncias de vulneración de los derechos humanos de las personas allí retenidas,
no cumplen
con el cometido para el que fueron creados. Si su función teórica es
la de custodia antes de la expulsión, las cifras demuestran su creciente
inutilidad y crueldad. Según datos del Ministerio Interior, de los 7.597 sin
papeles que pasaron en 2016 por los siete centros que hay abiertos, se
consiguió deportar al 29 por ciento. Lo que supone que 5.392 personas pasaron
decenas de días de reclusión, miedo y angustia para posteriormente ser puestos
en libertad por nada. En el CIE de Murcia se encerró el pasado año a 654
internos de los que 275 pudieron salir en libertad y otros 74 consiguieron
fugarse, aunque finalmente detuvieron a algunos de ellos. Por estas razones,
desde diversos ámbitos sociales y de defensa de los derechos humanos, denunciamos
que estas instalaciones se han convertido en la práctica en un instrumento
abusivo para recluir personas inmigrantes, sobre todo procedentes del
continente africano (el 90 por ciento de los cautivos en estas instalaciones en
2016), aunque la mayor parte de las veces se sabe que no podrán ser expulsados.
Señalamos que otro de los grandes problemas dentro del CIE es la situación de
extrema vulnerabilidad de determinados colectivos. Si las
organizaciones sociales hemos detectado la presencia de menores de edad,
mujeres embarazadas, víctimas de trata, personas enfermas crónicas o agredidas,
personas con arraigo en España o solicitantes de asilo, el Informe del
Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de 2016 de la Defensora del
Pueblo señala casos de vejaciones morales, agresiones, hacinamiento,
condiciones higiénicas inhumanas o falta de información sobre derechos fundamentales.
A lo largo de los últimos años hemos conocido y acompañado a varias
centenares de personas internas en el CIE murciano y constatado y denunciado
irregularidades de todo tipo: internamiento de menores, malos tratos, falta de
información sobre los procedimientos que les afectan, deficiente atención
sanitaria, alimentación insuficiente e inadecuada, carencia de material lúdico,
de ocio o deportivo, prohibición de mantener contacto físico con sus
familiares, una deficientes condiciones de higiene y ropa... En los últimos
meses, las noticias han vuelto a poner a los CIE en el foco de atención
pública, con una cadena de fugas e incidentes de todo tipo que se han sucedido
desde Aluche en Madrid a Zona Franca en Barcelona y sobre todo en este centro
de Sangonera, en Murcia. Estos incidentes son expresión de una rabia contenida
que está empezando a estallar. Una rabia fruto de la situación de amenaza,
angustia y estrés que sufren las personas allí internadas y que, además, pone
de manifiesto aquello que las autoridades tratan de minimizar u ocultar: los CIE son
espacios de un sufrimiento desproporcionado, innecesario y tremendamente
injusto.
Así mismo queremos resaltar que
desde el pasado 24 de noviembre de 2016, siete internos que participaron en la última fuga del CIE
se encuentran encarcelados en los dos centros penitenciarios de Murcia,
pues un juzgado decretó una orden de prisión provisional sin fianza, sin que
hasta la fecha se haya determinado su responsabilidad individualizada en la
participación en los hechos, ni exista un escrito de calificación penal por
parte de la fiscalía. Entendemos que esta situación no puede sostenerse por más
tiempo, acumulan más de 120 días de privación de libertad, una medida
excepcional y provisional de prisión que en ningún caso debe aplicarse con
fines punitivos. Por ello reclamamos hoy aquí, la puesta en libertad de estas siete
personas de forma urgente y un proceso con las debidas garantías.
Desde una perspectiva de justicia para las personas migrantes que se ven perseguidas, encerradas y expulsadas por leyes injustas, nos negamos a permanecer indiferentes y demandamos el fin de las redadas racistas, de las deportaciones, así como el cierre de los CIE y su desaparición como institución, ya que su larga y trágica historia, así como su actualidad, demuestran que su existencia es incompatible con el respeto de los derechos fundamentales de las personas allí encerradas.
¡MIGRAR ES UN DERECHO, NO UN DELITO!
¡NINGUN SER HUMANO ES ILEGAL!
Murcia 25 marzo de 2017
Promueven
Convivir sin Racismo; Plataforma de
la Inmigración de Molina de Segura; Asociación de Senegaleses de la Región de
Murcia; Delegación de Migraciones del Obispado de Cartagena; Murcia Acoge;
HOAC; Amigos del Alto de Bolivia; Asociación CATS; Plataforma de Afectados por
las Hipotecas-Murcia; Círculos del Silencio de Cartagena y Murcia; Coordinadora
de ONGD de la Región de Murcia; FAAM; Coordinadora Antirepresión RM;
Entrepueblos; Espacio de Acción Social; Asociación Amigas de Ritsona; Asociación
de Usuarios de la Sanidad Región de Murcia; el sindicato del campo ALAFA y CGT;
Enseñanza CC.OO; Intersindical Región de Murcia.
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